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Pymes pagan $18 millones al año en extorsiones

Dos gremiales de ANEP revelaron resultados de una encuesta que afirma que pequeños empresarios gastan entre $1 y $1.5 millones mensuales en “corrupción y renta” a grupos criminales.
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Obstáculo.  La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) considera que delitos como las extorsiones y la corrupción en los cuerpos de seguridad son los principales frenos al desarrollo y crecimiento económico en El Salvador.

Obstáculo. La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) considera que delitos como las extorsiones y la corrupción en los cuerpos de seguridad son los principales frenos al desarrollo y crecimiento económico en El Salvador.

Pymes pagan $18 millones al año en extorsiones

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La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) difundió ayer los resultados de una encuesta, realizada por dos de sus gremiales, que sostiene que las micro y pequeñas empresas de El Salvador gastan $18 millones al año para pagar “renta (extorsiones exigidas por pandillas) y corrupción”.

Según el estudio, entre abril y junio de este año, 28 % de las empresas encuestadas fueron víctimas de crímenes. Esa cifra se sitúa “10 puntos más arriba de lo que se decía en el primer trimestre de este año”, señaló Arnoldo Jiménez, director ejecutivo de ANEP. Jiménez añadió que 58.2 % de los empresarios entrevistados negaron tener interés de invertir en el país debido a las condiciones delincuenciales existentes.

El director ejecutivo de ANEP citó un estudio diferente, basado en datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para afirmar que las empresas gastan $500 millones anuales en sistemas de seguridad privada, que convierte a la delincuencia en el “problema número 1 de la empresa privada”. “Para poder generar empleo se necesita seguridad jurídica, que se respeten las leyes, y la independencia judicial. También se necesita confianza”, analizó Jiménez.

El Consejo Nacional de la Pequeña Empresa (CONAPES) y la Sociedad de Comerciantes e Industriales Salvadoreños (SCIS) son las gremiales que realizaron la investigación. CONAPES y SCIS hicieron un “urgente llamado a realizar una profunda depuración de los cuerpos de seguridad y la Fiscalía General de la República para crear confianza en la población”.

El 70 % de las personas encuestadas dijo que sufrió extorsiones en los primeros seis meses de este año, de acuerdo con el estudio. También se desprende que las extorsiones son el delito señalado como más frecuente. Le siguen el narcomenudeo, los asaltos y robos y los homicidios.

Jiménez apuntó que el incremento delincuencial provoca el cierre de dos negocios cada semana, aunque no especificó qué tipo de negocios. Otro de los resultados de la encuesta es que siete de cada 10 entrevistados respondieron que no identifican una política de seguridad definida en el país.

ANEP se reunió el pasado 27 de agosto con el ministro de Seguridad Pública, Ricardo Perdomo, para darle seguimiento al tema de las extorsiones y reafirmar el apoyo de la empresa privada al comité de seguridad que Perdomo busca conformar. Jiménez dijo que solicitaron al ministro “resultados rápidos y efectivos en la disminución de extorsiones y homicidios”, y ofrecieron al funcionario su cooperación en programas de denuncia ciudadana.

Ernesto Vilanova, presidente de CONAPES, detalló que su gremial hizo la investigación en los meses de julio y agosto en los 32 municipios denominados “libres de violencia”. “Quisimos hacerla telefónicamente, pero nos fue imposible por el temor de la gente a dar ese tipo de información por teléfono. Tuvimos que hacerla directamente a través de contactos con recomendación”, explicó Vilanova. Según CONAPES, la muestra encuestada es de 425 personas que laboran como micro y pequeños empresarios.

El presidente de SCIS, Víctor Rodríguez, opinó que las estadísticas oficiales sobre delincuencia “no son reales”. “Hablan de municipios ‘santuarios’, pero al pueblo lo siguen extorsionando, matando. La tregua favorece a la delincuencia, no a la ciudadanía”, dijo Rodríguez en conferencia.

Al ser consultado sobre estas declaraciones, Raúl Mijango, uno de los mediadores de la tregua entre pandillas, dijo que “jamás se habló de resolver extorsiones, sino que, en una segunda fase del pacto, se podían abordar”.

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