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QUIMAGRO pide promover antejuicio contra magistrados CSJ

El representante legal acusa de prevaricato a Florentín Meléndez Padilla, Rodolfo González Bonilla y Sonia Dinora Barillas de Bonilla.
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La Asamblea Legislativa conoció ayer una pieza de correspondencia en la que se pide enviar a la Fiscalía General de la República (FGR) una petición para investigar supuestos delitos de prevaricato cometidos por tres magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y promover un proceso de antejuicio frente al Legislativo.

El demandante es José Antonio Vega Castañeda, director presidente y representante legal de la empresa QUIMAGRO, S. A. DE C. V. Específicamente, el abogado señala a los magistrados de la Sala Florentín Meléndez Padilla, Rodolfo González Bonilla y Sonia Dinora Barillas de Bonilla, suplente.

QUIMAGRO fue embargada por dos bancos privados en 1984 por no poder solventar una deuda de $40,000. Las dos instituciones financieras crearon un convenio de intervención y administración financiera donde separaron del cargo al presidente de la compañía y a los gerentes. A raíz de esto, la empresa tiene varios años en un proceso jurídico y demandas ante la CSJ.

Según se presenta el caso en la solicitud de 39 páginas, en 2010, la Sala de lo Constitucional resolvió anular una sentencia de la Sala de lo Civil por violaciones a derechos jurídicos en contra de su representada; y pronuncia una nueva sentencia de casación en 2013, en la que condena a un banco.

Sin embargo, los representantes legales del banco presentaron otra demanda de amparo, que fue declarada improcedente por la Sala; pero luego iniciaron un “proceso de verificación de sentencia” de oficio e invalidaron una sentencia de la Sala de lo Civil, misma sentencia que previamente la Sala de lo Constitucional declaró inválida por sentencia definitiva pronunciada en el mismo amparo de 2010.

“En otras palabras, los magistrados son capaces de revivir un muerto. El caso estaba sentenciado definitivamente, y ahora pretenden, contra todo pronóstico, darle vida jurídica a una sentencia que la Sala de lo Constitucional había declarado inválida”, se lee en el documentos presentado.

LA PRENSA GRÁFICA consultó al magistrado González sobre el proceso y dijo que por el momento no opinaría nada. “Solo observaremos los procedimientos”, agregó González.

Mientras tanto, QUIMAGRO expresa que se está cometiendo un abuso de autoridad al entrar a juzgar un caso que ya había sido sentenciado y, además, contradicen sus fallos al darle validez a lo que ya habían declaro inválido. De esa forma, la empresa pasaría nuevamente a manos del banco.

Vega Castañeda pide a la FGR investigar y promover un antejuicio ante la Asamblea por el delito de prevaricato contemplado en el Código Penal.

El artículo 310 del Código Penal expresa: “El juez que a sabiendas dictare resolución contraria a la ley o fundada en hechos falsos, por interés personal o por soborno, será sancionado con prisión de tres a seis años e inhabilitación especial del cargo por igual tiempo”. Asimismo, dice: “Si la sentencia fuere condenatoria, en proceso penal, la sanción será de tres a diez años de prisión”.

El último inciso señala: “El juez que por negligencia o ignorancia inexcusable dictare sentencia manifiestamente injusta, será sancionado con prisión de dos a cuatro años”.

Según la ley, cuando la denuncia se realiza ante la Asamblea Legislativa, esta deberá remitir la petición ante la FGR, quien deberá promover el antejuicio si hay lugar de los actos de investigación que fundamenta la denuncia.

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