Lo más visto

¿Qué contiene el Acuerdo de Escazú, que entró en vigencia este 22 de abril y Bukele se niega a firmar?

El Salvador ha quedado fuera luego de que el Gobierno del presidente Nayib Bukele se negara a formar parte y mostrara desacuerdo con cláusulas del acuerdo.

Enlace copiado
Este 22 de abril, en el marco del Día Mundial de la Tierra, entra en vigor el Acuerdo de Escazú en América Latina, un ambicioso tratado para salvaguardar el medioambiente, en una región destacada por su biodiversidad pero con infames problemáticas como la deforestación de la selva amazónica. EFE/ Jeffrey Arguedas

Este 22 de abril, en el marco del Día Mundial de la Tierra, entra en vigor el Acuerdo de Escazú en América Latina, un ambicioso tratado para salvaguardar el medioambiente, en una región destacada por su biodiversidad pero con infames problemáticas como la deforestación de la selva amazónica. EFE/ Jeffrey Arguedas

Enlace copiado

América Latina celebra este jueves, coincidiendo con el Día Internacional de la Tierra, la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, el primer pacto ambiental de la región, que ratificaron 12 países, y un acuerdo pionero en el mundo por ser el primero que protege a los activistas ambientales.

Su nombre oficial es Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y El Caribe; sin embargo, se le conoce como Acuerdo de Escazú por que se adoptó en el distrito de Escazú, en San José, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018..

La región es una marmita de recursos naturales y al mismo tiempo es escenario de grandes crímenes ecologistas. Es la más peligrosa del mundo para los defensores del medioambiente y está amenazada por el avance de la urbanización sin control, la sobreexplotación ganadera y la creciente minería ilegal.

En este contexto se gestó el acuerdo, que impulsó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), y que obtuvo en enero las dos firmas que le faltaban para hacerse oficial, las de México y Argentina, que se suman a las de otros diez países de la región.

Sin embargo, El Salvador ha quedado fuera luego de que el Gobierno del presidente Nayib Bukele se negara a formar parte y mostrara desacuerdo con cláusulas del acuerdo.

Los países que sí forman parte son Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Vicente y Las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y Uruguay.

Orígenes

El acuerdo se originó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible Rio+20 celebrada en junio de 2012 y está fundamentado en el principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992. "Es el fruto de una fase preparatoria de dos años y nueve intensas reuniones de su Comité de negociación", indica la CEPAL.

¿Qué busca?

El principal objetivo del acuerdo es "garantizar el derecho a todas las personas a tener acceso a la información de manera oportuna y adecuada, a participar de manera significativa en las decisiones que afecten sus vidas y su entorno y acceder a la justicia cuando estos derechos hayan sido vulnerados".

De acuerdo con la CEPAL, se trata de un "acuerdo visionario y sin precedendes alcanzado por y para América Latina y el Caribe" que refleja las particularidades de la región.

"En el acuerdo se plasma el compromiso de incluir a aquellos que tradicionalmente han sido excluidos o marginados o han estado insuficientemente representados y de dar voz a quienes no la tienen, sin dejar a nadie atrás", señala.

Contenido del Acuerdo

El quinto artículo del acuerdo es sobre el acceso a la información ambiental, y obligaría al Gobierno a garantizar el derecho del público de acceder a la información ambiental que está en su poder, con el principio de máxima publicidad.

Además, el acuerdo incluye el establecimiento o designación de "uno o más órganos o instituciones imparciales y con autonomía e independencia, con el objeto de promover la transparencia en el acceso a la información ambiental, fiscalizar el cumplimiento de las normas, así como vigilar, evaluar y garantizar el derecho de acceso a la información". 

Como parte de la información ambiental se menciona sistemas actualizados en los que se puede incluir el estado del medio ambiente, un listado de zonas contaminadas con el tipo de contaminante y localización; información de procesos de evaluación de impacto ambiental, licencias de permisos ambientales otorgados por las autoridades públicas; listado estimado de residuos por tipo, volumen, localización y año e información de imposición de sanciones administrativas en asuntos ambientales.

Los países firmantes del acuerdo deben establecer un registro de emisiones y transferencia de contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo que deben actualizar periódicamente. 

En intervalos que no superen los cinco años, los Estados deben difundir un informe nacional sobre el estado del medio ambiente que incluya las acciones nacionales para el cumplimiento de las obligaciones legales en materia ambiental así como el avance en la implementación de los derechos de acceso.

Sobre el acceso a la justicia, se exige procedimientos efectivos, oportunos, públicos, transparentes, imparciales y sin costos prohibitivos; así como la posibilidad de disponer medidas cautelares y provisionales para prevenir o recomponer daños al medio ambiente, entre otros.
El acuerdo contempla mecanismos de reparación como restitución al estado previo al daño, la restauración, la compensación o el pago de una  sanción económica, la satisfacción, las garantías de no repetición, la atención a las personas afectadas y los instrumentos financieros para apoyar la reparación.

Los países que lleven a cabo el acuerdo deben tomar medidas para reconocer, proteger y promover los derechos de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, que incluyen su derecho a la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión, derecho de reunión y asociación pacíficas y derecho a circular libremente, entre otros. 

"Cada parte tomará medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan sufrir", indica en el artículo 9.

Los países deberán capacitar en derechos de acceso en asuntos ambientales a los funcionarios públicos y autoridades, y desarrollar programas de sensibilización.
 

Tags:

Lee también

Comentarios

Newsletter
X

Suscríbete a nuestros boletines y actualiza tus preferencias

Mensaje de response para boletines