Querellante española: Extraditar militares no tendría por qué violentar proceso de paz

La querellante española consideró que es el momento oportuno para que la Corte Suprema de Justicia (CJS) demuestre que "no está asustada por un acuerdo incompleto de paz de 1992 y que es un órgano totalmente independiente".
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Almudena Bernabeu, actual querellante española en el proceso judicial por el asesinato de jesuitas en El Salvador durante la guerra civil, aseguró categóricamente hoy a dpa que extraditar a los responsables de tal crimen no tiene por qué afectar el proceso de paz salvadoreño, vigente desde 1992.

La querellante española consideró que es el momento oportuno para que la Corte Suprema de Justicia (CJS) demuestre que "no está asustada por un acuerdo incompleto de paz de 1992 y que es un órgano totalmente independiente".

"El Salvador es signatario de la Convención contra la Tortura, la cual es de obligatoria aplicación y observancia para la CJS salvadoreña, así como para todo el Estado. Y esa convención establece que extraditas o juzgas", recordó la querellante, en alusión a que El Salvador no ha juzgado ningún crimen de guerra ni de lesa humanidad.

Por otra parte, la abogada española le recordó a la CSJ sobre la llamada "Masacre Jesuita", que "hay base legal para que la extradición se produzca, España tiene jurisdicción, hay prueba relevante, el crimen lo es en ambos países, se cumplen todos los requisitos para la extradición".

Almudena Bernabeu, quien brindó su entrevista por vía telefónica desde Colombia, es una abogada veneciana que reside en San Francisco, EEUU, y labora en el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA, por sus siglas en inglés). Su organización ha llevado a juicios civiles a un sinnúmero de ex militares de varios países latinoamericanos que violaron derechos humanos y que en la actualidad son ciudadanos o residentes en Estados Unidos.

Bernabeu afirmó además que respeta la posición del actual gobierno salvadoreño al considerar que la extradición de sus ex militares atenta contra su proceso de paz, pero que estima se trata de un rumbo equivocado al transformarlo en un tema político y debatible "cuando es únicamente jurídico y perceptivo".

"Las recientes afirmaciones del vicepresidente Oscar Ortiz sugieren violentar las leyes y la separación de poderes que caracteriza a la democracia salvadoreña", dijo la querellante, respecto al llamado a la CSJ que hizo el funcionario salvadoreño para analizar muy bien la situación de extradición.

Ortiz, en declaraciones públicas, se mostró contrario a que los 16 ex militares requeridos por la Justicia española sean extraditados. Otros funcionarios, como el mismo presidente Salvador Sánchez Cerén y el canciller Hugo Martínez, han asegurado que El Salvador cumplirá con lo que digan las leyes y las convenciones internacionales.

Los ex militares salvadoreños Guillermo Alfredo Benavides Moreno, Ángel Pérez Vásquez, Tomás Zarpate Castillo y Antonio Ramiro Ávalos Vargas fueron capturados entre el viernes y sábado pasado y están siendo resguardados en la Subdirección de Tránsito Terrestre mientras son procesados por un tribunal que decidirá su extradición.

Entre los ex militares prófugos de la Justicia están los ex generales Humberto Larios, Orlando Zepeda, Francisco Elena Fuentes y Rafael Bustillo, todos del Alto Mando que dirigió la guerra en El Salvador y que presuntamente planearon el asesinato de los jesuitas.

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