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¿Quiénes son los agentes PPI, quiénes pueden tener su servicio y por qué?

Los PPI no requieren ser policías. En cambio, son propuestos por la persona de alto riesgo que los solicita de acuerdo a su confianza y consentimiento y son sometidos a una aprobación por parte de la División de PPI de la PNC.

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La PNC, por razones que no han sido aclaradas, retiró todos los agentes PPI asignados a los diputados y los convocó a las instalaciones donde funcionaba el exGRP en San Salvador a las 8:00 de la mañana de este sábado. Foto de LA PRENSA/Raúl Mercado

La PNC, por razones que no han sido aclaradas, retiró todos los agentes PPI asignados a los diputados y los convocó a las instalaciones donde funcionaba el exGRP en San Salvador a las 8:00 de la mañana de este sábado. Foto de LA PRENSA/Raúl Mercado

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La División de Protección a Personalidades Importantes (PPI) depende de la Policía Nacional Civil (PNC) y a ella pertenecen los agentes contratados para cuidar de “personas de alto riesgo”.

En El Salvador fue aprobada en junio de 1993 la “Ley de protección de personas sujetas a seguridad especial”.

En esta se garantiza “protección especial” a las personas de alto riesgo e incluye a quienes “puedan convertirse en objetivos potenciales de agresiones o atentados contra sus vidas, las de sus familiares o sus bienes” por “la actividad que realizan, cargo o posición que ostenten o hayan ostentado”.

Incluye también a las personas que corran riesgo “a consecuencia de la finalización definitiva del conflicto armado y por el rol que desempeñaron y la relevancia del mismo”.

Son personas de alto riesgo todos los presidentes y expresidentes de la República, de la Asamblea Legislativa y de la Corte Suprema de Justicia así como los vicepresidentes y exvicepresidentes. Todos ellos tienen derecho a protección especial “de por vida”, según el primer artículo de la referida ley.

Otras personas de alto riesgo son los candidatos proclamados por los partidos políticos a presidente y vicepresidente que participan de un evento electoral y tendrán medidas de protección especial desde diez meses antes del inicio del período presidencial siguiente y hasta treinta días después de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) declare en firme los resultados.

Por ley tienen derecho los siguientes funcionarios:

  • Presidente y vicepresidente de la República
  • Diputados de la Asamblea Legislativa y Parlamento Centroamericano (PARLACEN)
  • Designados a la Presidencia
  • Ministros y viceministros del Estado
  • Presidente y magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y cámaras de segunda instancia
  • Presidente y magistrados de la Corte de Cuentas de la República (CCR)
  • Fiscal general de la República
  • Procurador General de la República
  • Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos
  • Presidente y magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE)
  • Representantes diplomáticos

Otras personas ajenas a estos cargos también pueden solicitar la protección especial mediante un escrito a la PNC en el que expresen las razones de su petición. La solicitud es consultada con la Fiscalía General de la República (FGR) que califica los motivos y tiene un plazo máximo de treinta días para investigar si es verdad lo que se expone y dar la resolución.

¿Cómo se eligen a los agentes PPI?

Los PPI no requieren ser policías. En cambio, son propuestos por la persona de alto riesgo que los solicita de acuerdo a su confianza y consentimiento y son sometidos a una aprobación por parte de la División de PPI de la PNC.

¿Cómo se asignan?

La Ley manda que los interesados hagan la solicitud por escrito a la PNC, acompañada de los documentos que acreditan que la persona ejerce un cargo.

Las personas pueden solicitar hasta un máximo de cuatro PPI para que den “seguridad continua a la persona, su familia y su lugar de residencia”.

Los agentes PPI no pueden ser cambiados o recontratados sin la autorización de la persona a la que están asignados.

Los funcionarios en cargos de elección popular como los diputados tienen el derecho a tener la seguridad especial “hasta el momento de concluir el periodo para el cual han sido elegidos”.

En el artículo 6 de la Ley se establece que la PNC puede supervisar al personal de seguridad siempre y cuando “existieren razones justificadas” pero se realizará con previa autorización de la persona a la que están asignados y “en el lugar donde el referido funcionario desempeña sus funciones”.

Los incidentes del 8 de febrero, un día antes de la militarización del Congreso

La PNC, por razones que no han sido aclaradas, retiró todos los agentes PPI asignados a los diputados y los convocó a las instalaciones donde funcionaba el exGRP en San Salvador a las 8:00 de la mañana de este sábado. Fueron devueltos a sus funciones cerca del mediodía, dijeron diputados.

La diputada Nidia Díaz, del FMLN, denunció públicamente que el presidente Nayib Bukele, el ministro de Seguridad Rogelio Rivas y el director de la PNC Mauricio Arriaza Chicas violaron la referida Ley.

Díaz recordó que la Ley ampara a los que estuvieron involucrados en el conflicto armado y señaló que ella sufrió dos atentados en el año 1994.

“Violentaron la Ley y eso es muy grave, porque es como que un ladrón se meta a mi casa y luego después me devuelva, pero me robó primero”, consideró.

Agregó que se trata de una medida de presión a los diputados en medio de la disputa que el órgano Ejecutivo y el Legislativo mantienen por la convocatoria de una plenaria extraordinaria el domingo a las 3:00 de la tarde para la aprobación de un préstamo de $109 millones para financiar la tercera fase del Plan Control Territorial.

En noviembre del 2019, el director de la PNC también decidió quitar al presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), máxima autoridad de ARENA, Gustavo López Davidson, la categoría de "persona de alto riesgo", en los días en que Bukele y el dirigente tricolor mantenían discusiones por una demanda de hurto de armas y estafa en perjuicio de la Fuerza Armada.

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