Ramírez demanda a junta directiva de SIPAGO por estafa

Acusa a la empresa de vender acciones sin respaldo legal
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Genaro Ramírez, presidente de la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños (AEAS), demandó ante la Fiscalía General de la República (FGR) a los miembros de la junta directiva del Sistema Integrado Prepago (SIPAGO) por el delito de estafa agravada.

“Yo compré 10 acciones y no existe ningún respaldo legal para poder emitir títulos valores, entonces en este caso se estaría configurando una estafa”, dijo el transportista.

Las acusaciones del empresario se basan en que SIPAGO fue constituida como una Sociedad Anónima de Capital Variable en diciembre de 2010, con un capital mínimo de $2,000, el cual está dividido en ocho acciones, cada una de $250, que fueron canceladas por ochos socios: Doris Interiano, Rodrigo Contreras Teos, Miguel Castañeda, Catalino Miranda, José Gómez, Eduardo Mendoza, Luis Valencia y René Velasco, quienes también son los directivos de SIPAGO, según consta en la denuncia de Ramírez.

Sin embargo, en mayo de 2011, el apoderado legal y un representante modificaron el pacto social de la empresa. Establecieron así que las acciones serían 40, con un valor de $50 cada una. La fórmula alude a que el capital social sigue siendo de $2,000, de acuerdo con documentación facilitada a LA PRENSA GRÁFICA por el abogado de Ramírez.

A finales del año pasado, Ramírez obtuvo 10 acciones de SIPAGO por medio de un endoso. En los certificados de estas se establece que el capital mínimo de la empresa es de $2,000, mientras que el capital variable es de $250,000, divido en 5,040 acciones nominativas y comunes de $50 cada una.

Dichos capitales no fueron establecidos en la escritura de modificación de SIPAGO, ya que en esta se menciona nada más que la empresa tiene un capital fijo y mínimo de $2,000. Además de que tampoco hay registro del balance contable de 2011 y 2012 de SIPAGO, según consta en denuncia que presentó Ramírez.

Por ello, el presidente de AEAS denunció que SIPAGO ha vendido ya más de 1,000 acciones, de las cuales no tiene respaldo, ya que legalmente solo están establecidas 40.

Tanto Ramírez como su abogado, Luis Pérez Benett, califican este hecho como una estafa para quienes han comprado acciones.

En la denuncia que presentaron ayer en la FGR también se hace referencia a que los aumentos de capital de las empresas deben ser inscritos, según el artículo 177 del Código de Comercio, el mismo será efectivo cuando sea inscrito en la escritura.

Por eso, Ramírez también solicitó ayer a la fiscalía que secuestre toda la documentación concerniente a SIPAGO, a efecto de fijar y mantener la evidencia, con su respectiva cadena de custodia y así evitar alteraciones.

“Pedimos que se secuestre la documentación de SIPAGO para no alterar información”, recalcó.

Asimismo, sugirió que habría que preguntarle a los titulares de Gobierno si van a respaldar este tipo de acciones.

Los miembros de la junta directiva de SIPAGO viajaron a Brasil la semana pasada junto al viceministro de Transporte, Nelson García, para reunirse con representantes del Banco de Desarrollo de dicho país. Anteriormente, Ramírez también demandó ante la FGR a García y al ministro de Hacienda, Carlos Cáceres.

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