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Raúl Mijango fue evaluado por supuestos problemas de salud

Mijango aseguró a la prensa que el juzgado autorizó su salida para la revisión para que el IML determine si necesita o no un "tratamiento ambulatorio".
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Raúl Mijango fue evaluado por supuestos problemas de salud

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El Instituto de Medicina Legal (IML) de El Salvador evaluó hoy al principal mediador de una polémica tregua entre las pandillas (2012-2014), Raúl Mijango, quien supuestamente padece una afección renal y esofágica, por lo que se ausentó casi una hora de la sala donde enfrenta un juicio.
 
Mijango aseguró a la prensa que el juzgado autorizó su salida para la revisión para que el IML determine si necesita o no un "tratamiento ambulatorio" en un hospital que ha solicitado para atender la insuficiencia renal que padece y otros achaques derivados de ésta.
 
"Yo le he expresado al juez que mi decisión hasta el momento en el que físicamente ya no pueda" es seguir afrontando el proceso, señaló cuando regresó a la sala, y explicó que en la actualidad no consume alimentos solidos por una "quemadura en el esófago", por lo que ha perdido unos 16 kilos de peso en los últimos días.
 
El Juzgado Especializado de Sentencia A de San Salvador instaló el pasado 7 de agosto, que se espera que dure un máximo de 10 días, contra 18 personas por los supuestos delitos cometidos en las prisiones al dar prebendas a los pandilleros a cambio de bajar la cifra de homicidios.
 
Entre los delitos atribuidos a los procesados están los de agrupaciones ilícitas, tráfico de objetos prohibidos al interior de las cárceles, actos arbitrarios, incumplimiento de deberes y falsedad ideológica.
 
El fiscal general Douglas Meléndez aseguró en mayo de 2016 que durante la tregua "funcionarios y empleados públicos se valieron de sus cargos para cometer diversos delitos" y "como producto de estas negociaciones con criminales se generó corrupción al romper la legalidad del sistema penitenciario".
 
A dicho armisticio las autoridades atribuyen una significativa baja de los asesinatos entre 2012 y 2013, pero a partir de su ruptura el país centroamericano experimentó alzas sostenidas de asesinatos hasta marcar los 103 por cada 100.000 habitantes en 2015.
 
El entonces ministro de Justicia y actual de Defensa, David Munguía, el exdirector de la Policía y del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) Francisco Salinas, que testificó en el juicio, y el secretario general del FMLN, que llevó a Funes al poder, Medardo González, sostienen que la tregua fue una política pública.
 
Mientras que el obispo castrense, Fabio Colindres, que fue de los primeros mediadores en la tregua y luego sacado del proceso, testificó que la misma se dio por "invitación" del Gobierno de Funes y no por iniciativa de las pandillas.
 
No obstante, Funes, actualmente asilado en Nicaragua, aseguró este martes que "Colindres miente", porque "la tregua fue una iniciativa de cabecillas de pandillas y fue acompañada y facilitada por el Gobierno y la sociedad civil".
 

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