El Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de Santa Ana celebró, el día de ayer, una audiencia especial para la revisión de medidas contra tres de los 10 señalados por el Caso Chalchuapa.

Los abogados de Nelson y Henry Olivares, ambos señalados por feminicidio agravado, y de Ernesto Sigüenza, que, según familiares, es acusado por el feminicidio de su expareja y de su hijo, solicitaron que sus representados siguieran el proceso de investigación en libertad. Una jueza, sin embargo, mantuvo las medidas de detención provisional en contra de los acusados, tal y como se dictaminó el 19 de mayo.

La defensa aseguró que “no hay pruebas contundentes” para señalar a sus representados. Aludieron, también, al estado mental del expolicía Hugo Osorio: “tiene algún problema mental. Comenzó a señalar personas pero, en realidad, no tienen prueba directa de que se haya cometido el hecho”, dijo uno de los defensores.

No se dio, sin embargo, más información ni a la prensa ni a los mismos familiares. “Que no se pudo, nos dijo. Que nos va a avisar para la otra audiencia. Que no nos podía dar más información”, dijo una familiar de Ernesto Sigüenza a través del teléfono. Esta vez, al menos, lograron verlo de lejos. Las autoridades no les permitieron acercarse al acusado.

“El defensor, ya sea público o privado, es, muchas veces, el único vínculo que los imputados tienen con sus familiares. La falta de comunicación deja incertidumbre y angustia en la familia”.

Jeannette Aguilar, Investigadora en temas de seguridad y violencia.

Fuera del juzgado, se congregaron algunos parientes de otros acusados. Allí esperaban la única oportunidad que tendrían de ver a sus familiares desde que fueron capturados. Marco, padre de uno de los acusados, buscaba encontrar información de su hijo. Dania, sobre su pareja. Las autoridades no se comunican con ellos. No tienen, ni siquiera, el número de los abogados públicos que les asignó el Estado.

“Es que a mí una hermana de la iglesia que también tiene a su hijo ahí me avisó”, dice Marco, aún con la angustia que trae la incertidumbre, pero sin perder su tono afable. “Unos dicen que es sábado, otros dicen que ahora”, explicó, con renuencia, Dania, mientras acunaba en sus brazos a un bebé de meses de edad. Es el hijo de ella y Ernesto Ramírez, uno de los diez señalados por el testigo criteriado Estévez por los crímenes del caso Chalchuapa.

Pero sus familiares no estaban en el juzgado: la de ayer fue una audiencia solo para quienes pudieron contratar abogados particulares.

“Las familias tienen derecho, en primer lugar, a ser informados por los defensores públicos del estado físico y emocional de los imputados,  los cargos que se le imputan, las etapas del proceso, audiencias y los lugares donde están detenidos”, señaló Jeannette Aguilar, investigadora en temas de seguridad y violencia, a propósito de la poca información que tienen los familiares de los detenidos.

La audiencia finalizó alrededor de la 1:30 de la tarde. Dania y Marco, al final, se quedaron a acompañar a los familiares de los otros acusados, de los que sí pudieron pagar abogado particular. “Él es papá, y todavía no conoce a su hijo”, dijo Dania, antes de retirarse con su bebé en brazos.

“El defensor, ya sea público o privado, es muchas veces el único vínculo que los imputados tienen con sus familiares”, aseguró Aguilar. Para ella, la falta de comunicación con las familias ha dejado “en abandono e indefensión” a los imputados y en “incertidumbre y angustia a la familia”.

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