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Reapertura económica en el limbo jurídico

La Presidencia no dio certeza de cuándo sancionará y mandará a publicar, a pesar de la orden que dio la sala. Diputados esperan que sea ley para evaluar posibles cambios.

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Respaldo. Lo que ocurra en el proceso de reapertura económica está carente de respaldo jurídico, esto mientras no se publique el decreto 661.

Respaldo. Lo que ocurra en el proceso de reapertura económica está carente de respaldo jurídico, esto mientras no se publique el decreto 661.

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El país se encamina a una reapertura económica que no tiene ningún sustento legal. La Presidencia de la República se refirió ayer a la resolución de la controversia por el Decreto Legislativo 661, instrumento a través del cual se regulaba el retorno a la actividad comercial en el país pero que fue vetado por inconstitucional por el presidente de la república, Nayib Bukele.

El secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, fue específicamente quien se refirió a la decisión de la sala. La criticó, la tachó de política y, aunque dijo que acatarán la orden, no dio certeza de una fecha.

"Es una resolución eminentemente declarativa, una resolución que no es eficaz, que no puede ser eficiente ya que tenía todas las fechas completamente desfasadas, es una resolución eminentemente política, fuera del contexto real que estamos viviendo... Deberá ser sancionada", aseguró el secretario.

En reiteradas ocasiones, la sala llamó al Ejecutivo y al Legislativo a que buscaran consensos respecto al manejo de la emergencia. Hubo un intento en concreto en el que representantes de ambas partes discutieron en varias jornadas el contenido de una ley para el manejo de la emergencia por coronavirus.

Sin embargo, el instrumento que salió de ese encuentro no fue apoyado por el Gobierno.

El Decreto Legislativo Número 661 establece que el Ministerio de Salud es el ente encargado de coordinar todo lo que en la ley quedaría establecido.

En el artículo 13 del mencionado decreto quedó establecida una declaratoria de emergencia durante 15 días, la medida se iba a aplicar a nivel nacional, tal como lo pidió el gobierno en su momento.

Además daba al MINSAL la potestad de declarar zonas o cercos epidemiológicos en aquellos lugares donde más casos de coronavirus hubiese.

Para la reapertura, en el decreto se fijaban cuatro etapas que iban a comenzar el 16 de junio. Su aplicación se frustró porque Bukele la veto alegando que violaba la Constitución; los diputados superaron el veto y la sala resolvió dándoles la razón a los parlamentarios y ordenándole al presidente que la publique.

En el tiempo que lleva en funciones el Ejecutivo se ha visto un patrón de que esperan hasta el último día que la ley les da para informar sobre las decisiones que toman respecto a decretos legislativos.

A eso se refirió la diputada de ARENA Margarita Escobar, y dijo que es posible que lo mismo ocurra ahora que el Decreto 661 fue declarado constitucional.

"Con el veto del presidente, todo el calendario se retrasó afectando gravemente a El Salvador. Ahora lo que toca es tener un encuentro con el gobierno de la república para ajustar las fechas y el presidente está obligado a mandar a publicar este decreto... El Ejecutivo debe publicar este decreto para darle certeza al país", dijo la diputada.


 

En su resolución, la sala recomendó hacer las reformas pertinentes al decreto para que este tuviera pleno funcionamiento. Al respecto, los diputados dijeron que el mayor cambio que se debe hacer es el de las fechas.

"Hay plazos que no podrán ser posibles porque ya pasaron pero esto se debe a la misma tardanza del Ejecutivo que juega demasiado con los plazos... Nosotros no vamos a atrasar más de las fechas establecidas", dijo la diputada del FMLN Cristina Cornejo.

La diputada explicó que mientras el decreto no sea sancionado y publicado como ley de la república, la Asamblea no puede aprobar reformas a su contenido.

En ese sentido también opinó el diputado del PDC Rodolfo Parker, quien además dijo que lo que sí pueden hacer es discutir y aprobar un decreto paralelo y que complemente al que está en manos de la Presidencia de la República.

Ayer, al final de la tarde durante la sesión plenaria ingresó una propuesta para que se aprobaran disposiciones transitorias para regular el retorno de la actividad económica en el país.

Castro, por su parte, dijo que intentarían buscar acercamientos con el Legislativo para definir un instrumento que dé certeza jurídica a la reapertura. Al cierre de esta nota, los diputados no habían tomado una decisión sobre el tema.

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