Recapturan a 4 exempleados judiciales para evitar corrupción

La cámara ordenó la recaptura porque consideró que los acusados tienen la capacidad para manipular al sistema.

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Pruebas.  La cámara señaló que hay suficientes pruebas en contra de los acusados.

Pruebas. La cámara señaló que hay suficientes pruebas en contra de los acusados.

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Presentar documentación laboral, familiar y personal no fue suficiente para que cuatro empleados judiciales, acusados de filtrar información de casos, quedaran en libertad. Los magistrados de la Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador determinaron que los acusados están vinculados a una red de corrupción que funcionó en el sistema judicial. A su juicio, pueden interferir en la investigación y ordenó sus recapturas.

“Esta cámara ha de afirmar que en el presente caso, la naturaleza jurídica de los delitos en estudios —delitos relativos a la corrupción— conmina al aplicador de la ley, a supeditar su decisión, no al análisis de arraigos presentados ante el juzgador, sino a la obstaculización y sacar una ventaja jurídica y procesal”, se lee en la resolución de la cámara que tiene este periódico en su poder.

Entre los recapturados figuran Rafael Edgardo Calderón, exjuez de San Francisco Menéndez, y Ángela Iracema Avelar, colaboradora jurídica de la Cámara Primera de lo Civil. Ambos están acusados del delito prevaricato y cohecho propio, en relación al caso publicitado como Transes.

Ambos implicados habían sido puestos en libertad en agosto pasado por el Juzgado Noveno de Paz en San Salvador, luego de que se les decretara fase de instrucción, pero sin detención.

La investigación en contra de Avelar apunta a que filtró información al abogado Víctor Manuel Melgar acerca del proceso civil en contra del exsecretario de la Presidencia, Élmer Charlaix.

En el caso de Calderón, la FGR señala que dictó resolución a favor de los imputados porque, supuestamente, recibió dinero.

El tribunal superior, además, ordenó la recaptura de Elsa Carolina Ramírez Leiva y Sara Albertina Villeda Sánchez, ambas empleadas judiciales. Sobre ellas, los magistrados resolvieron: “Existen graves sospechas que los delitos por los cuales se les acusa, sean esta vez realizados a su favor. Ya que al ser empleadas del Órgano Judicial y formar parte de una red ilícita la cual se confabulaba para corromper la Administración Pública, por ello tienen la facilidad de manipular el sistema jurídico”. Sin embargo, la cámara confirmó que nueve imputados sigan procesados en libertad.

Los nuevos detenidos fueron presentados ayer al Juzgado Noveno de Instrucción de San Salvador, a espera de que se designe un centro penal.

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