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Rechazo a idea de dar armas a autodefensas

Los ministros de Seguridad y de la Defensa junto con la procuradora de DD. HH. coinciden en que la población civil organizada no debe armarse. Ministro de Seguridad advirtió que se perseguirá a los grupos de exterminio y sicariato.
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Organización.  En el Bajo Lempa hay comunidades organizadas para enfrentar a la delincuencia.

Organización. En el Bajo Lempa hay comunidades organizadas para enfrentar a la delincuencia.

Sin armas.  El arzobispo, el ministro de Seguridad y la procuradora de DD. HH. están en contra de armar a la población civil.

Sin armas. El arzobispo, el ministro de Seguridad y la procuradora de DD. HH. están en contra de armar a la población civil.

Rechazo a idea de dar armas a autodefensas

Rechazo a idea de dar armas a autodefensas

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Proveer o facilitar armas a la población civil para conformar autodefensas convertiría a El Salvador en un Estado fallido, según consideró ayer el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, quien, incluso, dijo que ningún civil debería tener armas y mucho menos hacer justicia con sus propias manos.

“La posición mía es que las armas las deben tener las autoridades, solamente las autoridades. Yo no sé en el futuro qué pueda darse, pero nada bueno. Caeríamos en una situación muy lamentable y el Estado no puede permitirlo. Esta es una posición mía, no quiero decir esto como una posición de la Iglesia”, declaró el arzobispo, y además opinó que no se resolverá la situación de violencia armando a la población.

¿QUÉ DICE EL DIRECTOR DE LA PNC SOBRE LOS GRUPOS DE AUTODEFENSA CONTRA PANDILLAS?

“No vamos a construir una ciudad pacífica poniendo armas en las manos de los civiles”, sostuvo.

El debate ha tomado fuerza desde que se conoció que algunas comunidades han empezado a organizarse para defenderse de pandillas, y luego de que el presidente de la Asamblea Legislativa hizo público que financió, con fondos propios, armas para la autodefensa de una comunidad en Zacatecoluca, La Paz.

El ministro de Defensa, David Munguía Payés, por su parte, dijo ayer que está de acuerdo con las comunidades organizadas para trabajar en conjunto con los cuerpos de seguridad, pero que rechaza a los grupos de exterminio. “No hay que confundir estos grupos de autodefensa con los grupos de limpieza social, son dos cosas totalmente diferentes. Estamos totalmente en desacuerdo con los grupos de limpieza social y vamos a perseguirlos. Los grupos de autodefensa que colaboran con las autoridades es un tema que todavía lo estamos discutiendo en el gabinete del más alto nivel. No hay una posición clara de parte nuestra, si vamos a apoyar o no a estos grupos. Obviamente, la ciudadanía tiene derecho a defenderse”, declaró Munguía Payés.

El ministro también reiteró que estas comunidades organizadas deben regularse en la ley para evitar las experiencias de países como Colombia, donde los grupos paramilitares se corrompieron. El debate, según él, también debe pasar por el análisis de las ventajas y desventajas de armar a la población civil para acompañar el trabajo de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada.

El ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, dijo que los civiles pueden adquirir armas bajo los parámetros establecidos por la ley, pero que de ninguna forma las autoridades permitirán a civiles armados en tareas de seguridad, sino solamente organizaciones para trabajo comunitario y de prevención. “Hay gente organizada, no hay que negarlo, lo que no tenemos es gente con fusil en mano haciendo posta en la entrada de su comunidad, porque para eso está la policía o el soldado. Eso es lo que no debemos permitir; y el hecho de que la comunidad se involucre en su seguridad es una oportunidad, porque no debemos aspirar a un sistema de seguridad que consista en un equipo de la Policía en cada esquina”, dijo Ramírez Landaverde.

El titular de Seguridad explicó que las funciones de las comunidades organizadas deben limitarse a los diagnósticos que el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (CNSCC) estableció para los municipios y sectores priorizados, donde las comunidades organizadas fueron tomadas en cuenta para trabajar en coordinación con las autoridades.

Ramírez Landaverde advirtió que los grupos que, con la intención de “limpiar sus comunidades de los delincuentes, se dediquen a asesinar pandilleros y al sicariato serán perseguidos, llevados ante los tribunales y castigados con la ley. “Ya tenemos casos en que se ha demostrado que no vamos a dejar de perseguir a grupos que se tomen la justicia en sus manos o que financiados por alguien se dediquen al sicariato. Por ejemplo, tenemos el caso de una estructura de sicariato que operaba en La Libertad, en la que incluso estaban participando agentes de la Policía. Se les capturó y ahora enfrentan un proceso judicial, en el que lo más seguro es que van a ser condenados”, dijo.

La procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara, dijo que en vez de armar a la población, lo que se debe hacer es dotar de los recursos necesarios a la Policía, a la Fuerza Armada y a la Fiscalía.

“La institucionalidad del país debe funcionar, se debe dotar de recursos a la Policía para controlar los territorios. Eso es parte de una cultura de paz. Ante las acciones de los grupos autodenominados como autodefensas también debe existir una institucionalidad”, dijo la procuradora.
 

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