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Recomiendan a la Asamblea contratar empleados por mérito y capacidad

La Cooperación Española realizó un diagnóstico de la situación administrativa de la Asamblea Legislativa y le presentó un informe con 16 recomendaciones, entre ellas regular la manera en la que hace contratación de personal.

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Presentación. Representantes de la Cooperación Española presentaron el informe a la junta directiva de la Asamblea Legislativa.

Presentación. Representantes de la Cooperación Española presentaron el informe a la junta directiva de la Asamblea Legislativa.

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La contratación de empleados de la Asamblea Legislativa debería de ser por mérito y capacidad. Es en resumen una de las recomendaciones que contiene un informe preliminar que realizó la Cooperación Española luego de encontrar que en el Órgano Legislativo la selección de personal no responde a una planificación en función de las necesidades de la institución sino de conveniencia política o partidista.

El diagnóstico no es nuevo para muchos diputados y empleados, con la diferencia que ahora ha quedado documentado tras un proceso de entrevistas con el personal de las gerencias, unidades, direcciones y junta directiva de la Asamblea, así como entrevistas externas con la Corte de Cuentas y organizaciones de la sociedad civil.

"Efectuar una modificación en el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, en orden a asegurar que la contratación de su personal institucional se ajuste a un procedimiento de selección previamente descrito en el manual correspondiente, en el que se garantice que la incorporación de nuevos empleados obedece a la aplicación de los principios de mérito y capacidad proclamados por la Constitución, sin que puedan verse enturbiados por criterios de conveniencia política o partidista", dice la recomendación número dos, de las 16 que contiene.

El informe, elaborado por letrados de las Cortes Generales, fue presentado a la junta directiva el 11 de septiembre de 2019 como parte del primer proceso de planificación que busca apoyar a la Asamblea en la elaboración del Plan Estratégico Institucional y definición de estrategias para el período 2019-2024.

El diputado de GANA, Numan Salgado, contó que él estuvo presente y cuando conocieron el contenido "la mayoría se puso a reír" porque saben el problema "pero nadie quiere hacer nada por solucionarlo".

El informe indica que se ha multiplicado los casos en que se ha forzado la contratación y adscripción a diferentes departamentos administrativos tanto de simpatizantes, como de parientes, al margen de las necesidades reales de la Asamblea.

Por ejemplo, la gerencia de operaciones legislativas señaló que cuenta con la asignación de personal "no apto y no requerido". Mientras que la gerencia de recursos humanos indicó que no existen procesos de reclutamiento y selección, ni un estudio de carga laboral por unidad, además no dan seguimiento a los procesos disciplinarios y tampoco existe control de la asistencia del personal exonerado de marcación.

El informe sugiere una normativa disciplinaria para impedir y sancionar los casos de impuntualidad, desobediencia y falta de productividad de los empleados.

Cuando se hizo el diagnóstico, se advertía que el número de empleados amenazaba con crecer desordenadamente año tras año y según los vaivenes políticos, puesto que el personal político y de confianza pasa por razones de mera conveniencia a engrosar el área institucional sin ninguna limitación, ni control.

De hecho, LA PRENSA GRÁFICA revisó las contrataciones de 2019 y se observó que cada mes varían. Al 31 de enero de 2019 eran 2,210 empleados, en abril subió a 2,308, a julio llegó a 2,340, y al 31 de octubre pasó a 2,367.

Como consecuencia, existe un desequilibrio presupuestario que afecta a las diferentes áreas de la institución. El documento deja claro que no se trata de falta de presupuesto. Como botón de muestra, sostiene que la Asamblea tiene 84 diputados y en 2018 ejecutó un presupuesto de alrededor de $60 millones, mientras que el Congreso de España, con 350 diputados, en el mismo año, fue de 78 millones de euros.

"Nos dejó sorprendido cuando comparamos que el Congreso de los Diputados de España tiene 350 diputados y tiene como 800 empleados, pero 350 diputados. El Salvador tiene 84 diputados, cuatro veces menos que ellos, pero estamos llegando a 2,800 empleados", dijo Norman Quijano, quien era el presidente de la Asamblea cuando los representantes de la Cooperación Española entregaron el informe.

Salgado consideró que si quieren que la Asamblea funcione habría que hacer un recorte de personal. Según Quijano, en su gestión disminuyó cerca 400 empleados del área institucional, pero a nivel de los grupos parlamentarios siempre ha sido un "tremendo valladar "porque "ahí es donde los diputados tienen sus núcleos para ejercer su labor política en el territorio".

Quijano dijo que él suprimió plazas de personas que no tenían ninguna función, no llegaban a trabajar y que incluso vivían fuera del país y cobraban "buenos salarios". Aseguró que a muchos los tuvieron que reinstalar porque los mismos diputados movieron sus contactos para ayudarlos. Además, mencionó que la ex jefa de recursos humanos y que pertenecía a GANA, partido de su antecesor Guillermo Gallegos, los dejó sin pruebas para respaldar los despidos porque se negó a firmar los expedientes de los empleados que no llegaban a trabajar.

Para evitar que la planilla siga creciendo, la recomendación número seis indica que los grupos parlamentarios y los diputados tengan su personal propio, diferenciado del personal de la Asamblea, contratado bajo una normativa propia y financiado con cargo a una consignación presupuestaria específica.

"La incorporación de este personal se sujetará a fórmulas de contratación temporal, ajustadas a la duración del mandato del diputado o grupo que les contrate cuando se fundamente en criterios de confianza; mientras que se regirá por las fórmulas laborales ordinarias (fijas o temporales) cuando obedezca a criterios de profesionalidad", reza. Quijano cree que también podría ayudar si aprobaran la ley de la función pública para otorgar cargos con base a idoneidad, capacidad y perfil académico.

El documento contiene otras recomendaciones enfocadas en la elaboración del presupuesto, pues sostiene que hay un desequilibrio ocasionado por la desordenada contratación de empleados. También urge tomar una decisión sobre la posibilidades de restaurar o demoler el edificio dañado y la opción de construir un nuevo.

Asimismo, los expertos recomiendan revisar la posibilidad de recuperar la figura del Oficial Mayor, o de algo parecido a un "Gerente General" que asuma la tarea de coordinar las diferentes áreas de acción administrativa. Con ello se descargaría al Presidente y a los miembros de la Junta Directiva de la carga burocrática.

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