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Redadas por Plan El Salvador Seguro han saturado el sistema

PGR demanda más atención por parte del Gobierno, sobre todo en presupuesto.
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¿Cada cuánto hacen redadas? ¿Cuántas personas son detenidas en estas redadas? ¿Cuánto dinero del Plan El Salvador Seguro le han dado a la Procuraduría? son algunos de los cuestionamientos que lanza la coordinadora nacional de la Unidad de Defensoría Pública de la PGR, Rocío López. “Le dan a la Fiscalía, le dan a Seguridad Pública Penal, le dan a Derechos Humanos. Yo quisiera que se fijaran cuánto le han dado a la Procuraduría con ese Plan El Salvador Seguro. No nos han dado nada para la Defensoría Pública Penal. Necesitamos que el Estado se fije”, advirtió.

Uno de los casos más sonados en las últimas semanas es el conocido como “los 600”, un operativo en contra de las principales clicas de la Mara Salvatrucha (MS), para el cual la Fiscalía General de la República (FGR) había girado 618 órdenes de captura, cuya redada dejó más de 400 detenidos y más de 260 intimaciones (notificaciones de nuevos delitos a personas ya recluidas en penales).

Aunque el 90 % de los arrestos fue contra supuestos pandilleros de la MS, también hubo detenidos de la pandilla 18 y hasta algunos servidores públicos.

“Y todo eso viene a parar a manos de la Defensoría Pública Penal. Muy pocos de ellos nombran después a defensores particulares”, insistió López.

Solo durante los primeros siete meses del año, la Unidad de Defensoría Pública Penal había brindado asistencia a 21,103 personas en total, 18,593 hombres y 2,510 mujeres. Esas asistencias sumaron 25,089 trámites, en total: 7,230 audiencias iniciales, 6,747 audiencias preliminares, 3,282 vistas públicas (juicios), 3,290 vistas de causa (juicios contra menores de edad) y 4,540 diligencias diversas.

el trabajo de la defensoría pública no termina con la sentencia

“La otra parte que nos toca es la de Vigilancia Penitenciaria. La misma ley dice que debemos garantizar los derechos de los condenados en cuatro etapas: de adaptación, ordinaria, de confianza y de semilibertad”, apuntó una de las asistentes de López, Morena Barraza.

Según explica Barraza, antes de 1998 el país no contaba con una Ley Penitenciaria; antes, en los juzgados de lo penal, era el mismo juez el que conocía el caso, el que lo depuraba, el que conocía la sentencia y el que conocía el control del cumplimiento de la pena, “pero este proceso de vigilancia penitenciaria no se hacía de forma completa, solo hacíamos tres visitas al año a los centros penales y nos tocaba sacar el informe de los condenados y se los enviábamos a la Dirección General de Centros Penales, hasta allí nomás, nosotros ni veíamos el seguimiento; entonces, como no estábamos cumpliendo con el principio de readaptación social fue que se creó la Ley Penitenciaria”, anotó.

La fase de la adaptación busca que las personas no caigan en depresión al caer en cuenta de que su vida cambió dando un giro de 360 grados tras una condena. La fase ordinaria consiste en realizar al condenado estudios psicológicos, chequeos médicos y exámenes académicos con el fin de integrarlos a algún programa como panadería o carpintería, que mantenga su mente ocupada y también busca trabajar en la convivencia carcelaria. La fase de confianza llega cuando el recluso ha demostrado disciplina y buena conducta. Ganada esa confianza, finalmente, a la etapa de semilibertad pueden aplicar quienes hayan cumplido dos tercios de la condena.

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