Reforma constitucional | Derechos de comunidad LGTBI y fin de embarazos forzados, ¿Se incluirán en cambios a Constitución salvadoreña?

Al hablarse de reformas a la Constitución, una de las preguntas que surgen hacia el vicepresidente Félix Ulloa es si el equipo adhoc conformado por él y otros cuatro hombres tomarán en cuenta los llamados a terminar con los embarazos forzados en El Salvador y el reconocimiento de los derechos de las personas de la comunidad LGTBI.

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En El Salvador niñas y mujeres víctimas de violación son sometidas a embarazos forzados, pues la legislación salvadoreña penaliza totalmente el aborto. Foto: archivo

En El Salvador niñas y mujeres víctimas de violación son sometidas a embarazos forzados, pues la legislación salvadoreña penaliza totalmente el aborto. Foto: archivo

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El Gobierno ha iniciado un proceso para proponer reformas a la Constitución salvadoreña y ha asegurado que tomará en cuenta las opiniones y peticiones de diversos sectores.

Uno de estos son las organizaciones que luchan por el fin de la violencia contra la mujer y el reconocimiento de sus derechos así como las que trabajan por el reconocimiento de los derechos de las personas de la comunidad LGTBI, quienes desde hace años vienen exigiendo un fin a los embarazos forzados y el derecho al matrimonio entre personas del mismo género, que les permitiría acceder a beneficios sociales actualmente reservados para parejas heterosexuales.

Al hablarse de reformas a la Constitución, una de las preguntas que surgen hacia el vicepresidente Félix Ulloa es si el equipo adhoc conformado por él y otros cuatro hombres tomarán en cuenta estos temas.

Desde que se realizó una reforma al Código Penal para penalizar totalmente el aborto en El Salvador, mujeres con emergencias obstétricas han sido procesadas y encarceladas; además, mujeres y niñas violadas o en riesgo de salud han sido obligadas que llevar a término un embarazo forzado, debido a que el primer artículo de la Constitución establece que "se reconoce como persona humana a todo ser humano desde el instante de su concepción". Otras han optado por el suicidio.

Sobre los embarazos forzados, la postura de Ulloa es a favor de la actual legislación, pero asegura que el equipo escuchará a todos los sectores que lo soliciten, incluyendo quienes piden la despenalización del aborto por algunas causales.

Organizaciones de mujeres han solicitado que el aborto sea despenalizado cuando sea producto de una violación, por trata de personas, por riesgo de la madre o en embarazos incompatibles con la vida extrauterina. De aprobarse, no significa que todas las mujeres en estas condiciones serán obligadas a abortar, lo que se lograría es que esas mujeres no serían obligadas a parir contra su voluntad y podrían decidir si desean o no continuar con el embarazo.

En 2013, la Sala de lo Constitucional resolvió que en caso de una colisión entre los derechos del no nacido y la madre no podían prevalecer en forma absoluta los derechos del primero sobre la segunda y debía realizarse una ponderación. 

A pesar de que El Salvador, miembro de la Organización de Naciones Unidas, se ha comprometido a reformar la legislación que perpetúe la violencia contra la mujer, los embarazos forzados siguen siendo la norma, incluso para las niñas víctimas de violación. 

La Organización de Naciones Unidas (ONU) ha hecho varios llamados para que El Salvador cambie su legislación y ponga fin a esta forma de violencia de género condenada en tratados y convenios internacionales; sin embargo, esto  no ha sucedido.

Por otra parte, la Constitución prohíbe los matrimonios entre personas del mismo género al establecer en el artículo 33 que la ley regulará "las relaciones familiares resultantes de la unión estable de un varón y una mujer". Esto priva a personas que tienen una orientación sexual diferente al derecho de recibir una pensión por viudez, o acceder al seguro social de su cónyugue, entre otros.

Respecto al derecho al matrimonio entre personas del mismo género, Ulloa condiciona la reforma a la opinión de la mayoría "de la población".

"Somos heterosexuales y nuestra forma de vida es heterosexual", manifiesta. "Si el 90 % de la población no está preparada para una situación de esa naturaleza, sería un error", considera.

El artículo uno de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que "todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos".

Sin embargo, ante el incumplimiento de dicha declaración y la permanencia de formas de discriminación y violencia hacia sectores vulnerables nace la necesidad de crear en los diferentes Estados una legislación específica que garantice que sectores discriminados puedan hacer uso de sus libertades y derechos, a fin de alcanzar un cumplimiento real de la declaración universal de los derechos humanos.

En El Salvador no existe una legislación que garantice el derecho de la comunidad LGTBI a una familia y las personas heterosexuales pueden acceder a derechos de los que las personas homosexuales están privadas, en discriminación por causa de su orientación sexual.

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