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Reformas a la Constitución no cumplen con requisitos que exige la ley, dicen organizaciones

Las organizaciones detallaron que, actualmente, El Salvador no está en las condiciones para realizar una reforma a la Constitución de la República.

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Organizaciones civiles se pronunciaron contra las reformas a la Constitución de la República, mencionando que están fuera de ley. Foto: LPG

Organizaciones civiles se pronunciaron contra las reformas a la Constitución de la República, mencionando que están fuera de ley. Foto: LPG

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Organizaciones defensoras de los derechos humanos manifestaron este jueves 16 de septiembre que las iniciativas de reformas a la Constitución de la República, solicitadas por el presidente Nayib Bukele,  a través de la comisión Ad hoc, no cumplen con los requisitos que exige la ley, debido a que en el artículo 248 de la misma se detalla que las iniciativas de reforma deben ser elaboradas y presentadas por al menos 10 diputados y no desde Presidencia como se ha planteado.

Según las organizaciones, dichas propuestas presentan modificación en 215 artículos, lo que supone una nueva Constitución y la pérdida de derechos fundamentales. Asimismo, detallaron que el país no está en las condiciones para llevar a cabo el proceso por la falta de interés que ha mostrado tanto el Ejecutivo como la Asamblea Legislativa hacia el respeto de las leyes y Estado de Derecho.

Durante la conferencia brindada, las organizaciones hicieron mención de los que consideran atropellos por parte del presidente Bukele y la asamblea oficialista, entre los que se mencionó la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el pasado 1 de mayo; la militarización de la Asamblea Legislativa; y las constantes desobediencias a las resoluciones emitidas por la anterior Sala de lo Constitucional, misma que ahora está conformada por magistrados impuestos y afines al gobierno de Bukele.

"Como organizaciones ciudadanas estamos convencidas de que, previo a un debate sobre las reformas constitucionales, es necesario reestablecer la institucionalidad democrática en El Salvador", detallaron durante la conferencia de prensa.

Con esto, piden que los magistrados sean reinstalados y se derogue las reformas hechas a la Ley de la Carrera Judicial y la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR,) que obliga a la jubilación inmediata de jueces y fiscales a partir de los 60 años o con 30 años de servicio.

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