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Reformas al Código Procesal Penal son una "bofetada al peritaje forense"

Expertos señalan que la redacción de los artículos sobre evidencia digital es un error. Además, manifestaron preocupación por la falta de contraloría para los agentes encubiertos digitales.

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Aprobación.  Comisión de seguridad y Pública y Combate a la Narcoactividad aprobaron reformas al código procesal penal.

Aprobación. Comisión de seguridad y Pública y Combate a la Narcoactividad aprobaron reformas al código procesal penal.

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La Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad de la Asamblea Legislativa aprobó dictamen favorable para las reformas al Código Procesal Penal. La iniciativa fue propuesta por diputados del partido Nuevas Ideas quienes forman parte de tal Comisión.

Expertos en derecho digital manifestaron su preocupación por la adición del artículo 10, evidencia digital que agregaría cinco artículos relacionados a evidencia digital, agentes encubiertos, cadena de custodia entre otros. Aseguraron que dichas reformas permitirán libertad a agentes encubiertos a que realicen funciones sin el debido control y considerar evidencia cualquier archivo digital.

Para Laura Hernández, la reforma aprobada el pasado miércoles 26 de enero deja por fuera el "arbitrio del juez", y sin el conocimiento de un perito experto. "La reforma es una bofetada al peritaje forense. Es un desprecio al conocimiento científico aplicado en los procedimientos forenses aplicados en el manejo de la prueba electrónica y digital. Determinar que esa supuesta prueba será valorada de acuerdo a las reglas de la sana crítica, se deja la apreciación según el arbitrio del juez, y al conocimiento especializado de un perito experto, es el sello final para admitir prueba subjetiva, refutable" señaló.

Además, dijo que en el apartado de evidencia digital, que está considerado en el artículo 259-A, no todo el enlistado de informaciones o contenidos multimedia que pueden ser almacenados, recibidos o transmitidos por medio de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) o cualquier dispositivo electrónico, no necesariamente deben considerarse evidencia digital si no se aplican procedimientos forenses certificados y que sean idóneos.

También se refirió a la sana crítica que menciona dicho artículo, que indica las informaciones serán admisibles como prueba y valorados conforme a las reglas de la sana crítica.

Hernández aclaró que esta afirmación no deja de ser un intermedio entre la prueba legal, la libre convicción o de acuerdo a la experiencia. "El artículo no admite que el primer medio de apreciación de la prueba sea la verificación objetiva, lo cual es posible obtener por medio de informes forenses que apliquen los procedimientos indicados que permitan concluir que estamos ante prueba electrónica o prueba digital," aseguró.

Siguiendo el análisis de este artículo 259-A, Ronald González, forense informático especialista en evidencia digital, hizo severas críticas sobre cómo se está definiendo la evidencia digital en las reformas, ya que considera que se le está dando un significado erróneo, y desde ahí está mal.

"Como forense es un concepto erróneo, porque en la definición están abarcando que cualquier archivo de un sistema informático se debe tomar como evidencia digital, lo cual no debe ser así. La definición que le dieron a evidencia digital, es nula, no tiene nada que ver con la realidad del ámbito informático forense", aseguró.

González aseguró que no cualquier archivo puede considerarse como evidencia digital, ya que, no cualquiera puede extraerse de un sistema informático.

El experto asegura que para extraer evidencia digital, debe hacerse un procedimiento informático forense con un software adecuado y que estos deben ser certificados, y lo más importante, aseguró que debe realizarse por un "forense permanente y acreditado", para que valide la evidencia.

agentes encubiertos

Sobre el artículo 259-D, que contiene al agente encubierto digital y otras técnicas de investigación informática, Hernández aseveró que por el contexto actual esto sería una desventaja, ya que el Órgano Judicial podría abusar de dicha figura.

Sumado a esto, no hay garantías legales para impugnar una decisión judicial.

"El problema de este artículo está en que, debido al contexto político actual de El Salvador, en donde no existe una garantía real de independencia judicial y tampoco hay separación de poderes, los jueces impuestos y aquellos que están al servicio del actual gobierno, podrían abusar de esta figura y práctica", señaló.

Hernández enfatizó que el artículo tampoco aclara en qué tipo de delitos se podría usar la figura de agente encubierto y las facultades que estos tendrán; y que esto podría ocasionar que se justifique para delitos que no necesitan técnicas sofisticadas, " que son intrusivas a la privacidad y que podrían vulnerar derechos constitucionales y humanos, y que podrían ser desproporcionales en tiempo y alcance y no responderían a la finalidad".

Para Ronald González, en el tema de los agentes encubiertos el problema es la falta de contraloría. Consideró que en ningún momento se aclara qué ente contralor estaría auditando después de finalizados los casos, para que haya transparencia y que no se haya traspasado el límite establecido para estos agentes.

Además, consideró un grave error que no sea un juez el que apruebe la solicitud para investigar, y no la Fiscalía General de la República (FGR) como quedó establecido en dichas reformas.

"Quien debería aprobar dicha solicitud debe ser el juez o Juzgado encargado, y en base a las necesidades del caso y de acuerdo a las funciones que se están solicitando del investigador, delimitar hasta dónde llegar, poner un punto de alcance", aclaró.

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