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Gobierno reformó reglamento de LACAP: ya no debe registrar procesos en Comprasal, donde se descubrió compras a familiares

Numerosas investigaciones periodísticas publicadas en los últimos meses, que señalan irregularidades como la compra a funcionarios o sus familiares, o el pago de sobreprecios por algunos productos dentro el marco de la emergencia por covid-19, fueron posibles gracias a que la información de las adquisiciones estaba disponible en el sitio de Comprasal.

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Registro. El registro en Comprasal permitió saber cómo se usaron los fondos en la emergencia.

Registro. El registro en Comprasal permitió saber cómo se usaron los fondos en la emergencia.

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El Ejecutivo ha reformado el reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), incluyendo cambios como la no obligación de registrar los procesos en el Sistema Eletrónico de Compras Públicas (Comprasal). Este y otras enmiendas incluidas en la reforma comprometen la transparencia de los procesos de compras y contrataciones hechas con dinero público, coincidieron expertos.

Marjorie Chorro de Trigueros, investigadora senior del Departamento de Estudios Legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), explicó que de esta reforma realizada por el Ejecutivo hay que destacar, primero, la forma inconsulta y repentina que se hizo dicha reforma, y segundo, que implica un retroceso a los principios de publicidad y transparencia que se busca en todas las compras públicas que se llevan a cabo con fondos públicos.

Se establece expresamente que en los procesos de libre gestión y contratación directa que no sean realizados a través de los módulos transaccionales del Sistema Electrónico de Compras Públicas (Comprasal) se podrá habilitar, que se utilice el correo electrónico para la presentación de ofertas o cotizaciones.

"Esta reforma preocupa ya que las compras públicas como regla general deberían ser llevadas a cabo bajo los parámetros de la LACAP, y todo lo que se compre o adquiera bajo esta ley, debe publicarse en Comprasal", dijo la especialista.

Numerosas investigaciones periodísticas publicadas en los últimos meses, que señalan irregularidades como la compra a funcionarios o sus familiares, o el pago de sobreprecios por algunos productos dentro el marco de la emergencia por covid-19, fueron posibles gracias a que la información de las adquisiciones estaba disponible en el sitio de Comprasal.

Con excepción del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), todos los ministerios registraron sus compras en dicha plataforma, que es de acceso público.

Otro cambio es el uso de correo electrónico para recibir ofertas o cotizaciones, algo que "está restando transparencia y publicidad a una parte importante de las primeras etapas del proceso de compras públicas, ya que no habrá publicidad de esas ofertas recibidas por correo y esto hace que se escape del control de una las etapas iniciales de las compras públicas", dijo Chorro.

"Excluir compras directas y de libre gestión del marco de la LACAP, abona a la opacidad y falta de transparencia e imposibilita la trazabilidad de este tipo de transacciones", afirmó.

Claudia Ortiz, abogada y directora de Asuntos Políticos del partido VAMOS, coincidió en los problemas que se generarían sin un registro debido de la documentación recibida por correo electrónico.

"Se necesita un sistema suficientemente fuerte para garantizar la transparencia y que el registro de esta información pública quede resguardado y no que a la vuelta de cambio cualquiera pueda borrar un correo electrónico y asumir que esta información no se produjo, o que se produjo en una fecha en la que realmente no se dio", precisó.

La segunda gran reforma tiene que ver con la publicación de la convocatoria y resultados de los procedimientos de selección del contratista para licitación o concurso público, en la que agregan posibilidad que estas se hagan por medios impresos o periódicos digitales que tengan cobertura a nivel nacional.

"La inclusión de periódicos digitales como medios de circulación nacional no tiene los efectos jurídicos que tienen los medios impresos de circulación nacional", dijo la abogada Marcela Galeas. "Es bastante atentatorio y es cuestionable. Más que incluir a los digitales, es para excluir a los medios tradicionales".

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