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Reformas para evitar reparto de funcionarios siguen en suspenso

Desde mayo pasado existe una propuesta al Reglamento Interior del congreso para despolitizar las elecciones que hacen diputados.
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Disidente. El diputado John Wright fue el único de los 84 legisladores del congreso que no votó por el nombramiento del actual fiscal general, Douglas Meléndez, y reprochó a sus colegas por el método de elección.

Disidente. El diputado John Wright fue el único de los 84 legisladores del congreso que no votó por el nombramiento del actual fiscal general, Douglas Meléndez, y reprochó a sus colegas por el método de elección.

Reformas para evitar reparto de funcionarios siguen en suspenso

Reformas para evitar reparto de funcionarios siguen en suspenso

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La comisión política del congreso mantiene desde mayo en su expediente una propuesta de reforma al Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa (RIAL), para garantizar que las elecciones que hacen los diputados de los funcionarios de segundo grado tengan más fundamentos técnicos que político-partidarios.

La iniciativa es del diputado de ARENA John Wright, quien a título personal propuso un pliego de ocho reformas al RIAL, con la finalidad, comentó él, de evitar el reparto de cargos y procurar que el candidato elegido es el mejor.

“Es preocupante. Hay algo mal con el proceso. En mi corta experiencia como diputado he notado que el proceso en sí mismo, y para que un candidato opte por un cargo que nos corresponde como órgano del Estado elegir, su viabilidad depende de sus acercamientos políticos, no por sus méritos”, dijo Wright.

La primera de las reformas que propone es la obligación de los candidatos a presentar un plan de trabajo y un resumen ejecutivo que contenga, como mínimo, objetivos generales y específicos, identificación de problemas y soluciones, exposición de al menos tres casos emblemáticos y vigentes y cómo los encausaría en su eventual gestión.

Por otra parte, para evitar que las instituciones que envían informes a la comisión política sobre los candidatos no tengan límite de tiempo para hacerlo, el diputado propone que se establezca un plazo, cuyo incumplimiento será equivalente a delito.

Las evaluaciones para candidatos, sugiere Wright, deberán dividirse en tres, para las que habrá audiencias: evaluación sobre plan de trabajo, sobre idoneidad profesional y sobre trayectoria ética. Para las tres habría cuestionarios que no serán del conocimiento previo de los candidatos y para su elaboración las universidades pública y privadas podrán participar e incluso preguntar.

El turno de las universidades que participen al igual que el turno de los candidatos para ser evaluados se sortearán de forma pública, según la iniciativa. Las universidades podrán hacer 10 preguntas teóricas y 10 preguntas prácticas a los candidatos.

Las universidades darán sus calificaciones a la comisión política y se ponderarán como fundamentos en el dictamen de nombramiento. Si ninguna de las universidades participa, el mismo método se llevará a cabo por cada grupo parlamentario.

En la evaluación ética, dice la propuesta, los aspirantes explicarán si tienen casos pendientes o si han sido condenados por delitos o infracciones referidas a su integridad ética, principalmente los que ya son funcionarios públicos o en caso de reelección. Y si no lo es, deberá detallar si tiene denuncias o procesos judiciales o administrativos. El candidato hará constar eso en una declaración jurada ante la comisión.

La subcomisión política, que es la encargada de la selección de los candidatos, tendrá el nuevo rol de hacer las operaciones para extraer de la lista a los candidatos mejor ponderados, este informe se entregará a la comisión política y se hará público. Al momento de hacer el dictamen, este deberá contener el fundamento de los diputados para elegir al candidato o los candidatos, entendido como los mejores calificados en las tres pruebas.

Esta propuesta fue recibida el 17 de mayo y aún, más dos meses después, no se discute en la comisión política. “Yo espero que esta propuesta se conozca. Hay que darle al país mejores funcionarios. Tenemos crisis institucional”, dijo el parlamentario.

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