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Refuerzos a Seguridad superan presupuesto de la Fiscalía

Cuestionan falta de interés para reforzar investigación de casos.

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Equipo. Legisladores cuestionaron que el ejecutivo ha invertido recursos más con enfoque de represión que de reinserción o de investigación.

Equipo. Legisladores cuestionaron que el ejecutivo ha invertido recursos más con enfoque de represión que de reinserción o de investigación.

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En dos meses y medio del régimen de excepción, la Asamblea Legislativa ha aprobado dos refuerzos para el gabinete de Seguridad, los cuales suman $130 millones. La cifra es superior a lo asignado como presupuesto para todo el año a la Fiscalía General de la República (FGR), a la que se le destinaron $113 millones para todo 2022.

El primero de los refuerzos aprobados para el gabinete de Seguridad llegó el 30 de marzo, cuando se aprobaron $80 millones. De estos, $20 millones fueron para el ministerio de Defensa, y los restantes $60 se asignaron a la cartera de Seguridad.

Luego, el pasado martes, la Asamblea aprobó un nuevo refuerzo de $50 millones. En ambos casos, la asignación se ha hecho a la unidad presupuestaria denominada Programa Especial de Combate a Terroristas.

Sin embargo, el único detalle que se ha conocido sobre la distribución de los fondos es que se asignarían $30 millones para la Ley de Recompensa. A la fecha, sin embargo, las autoridades no han explicado cómo va el uso de dichos fondos.

Legisladores en general consideraron que la FGR debe ser, también, objeto de un refuerzo en cuanto a la labor de investigación en algún momento del régimen de excepción, debido a que es la encargada de los casos de todas las personas que han sido encerradas.

La FGR recibió $113 millones de presupuesto para 2022. Sin embargo, de estos, $56.5 millones eran lo destinado a la unidad presupuestaria de Defensa de los Intereses de la Sociedad, que es la que tiene que ver con la investigación y promoción de la acción penal en los delitos que afectan a la sociedad.

A lo anterior se suma el caso de la Procuraduría General de la República, la cual tiene a su cargo los servicios de defensa técnica de personas acusadas durante el régimen y que no pueden costearse un abogado. Dicha unidad tiene un presupuesto de $8.7 millones para 2022. Inclusive, el nuevo procurador, René Escobar Álvarez, dijo que no se ha recibido ninguna denuncia de "esas supuestas detenciones arbitrarias".

Luego, si bien la Fiscalía ha recibido un refuerzo de $10.9 millones durante el régimen, este fue asignado al Centro de Intervención de las Telecomunicaciones, que es el que realiza escuchas telefónicas. Dicho refuerzo fue cuestionado, debido al incumplimiento de la institución en presentar un informe con el detalle del uso de dicha herramienta a lo largo de 2021.

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