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Reiteran llamado a diputados a aprobar ley de agua

Iglesia católica en el país y la PDDH respaldan una propuesta de la UCA de crear una institucionalidad para que la regulación sea pública.
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En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Agua, el arzobispo de San Salvador, la procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos y el rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) expresaron su preocupación en que aún no exista un marco regulatorio en materia hídrica y que las discusiones en la Asamblea Legislativa aún no han logrado el necesario consenso para aprobar una ley.

Tanto la Iglesia católica en el país como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) respaldan la propuesta de la UCA de crear una institucionalidad para que la regulación del agua sea pública con participación ciudadana, y que plantea como entidad rectora a una autónoma denominada Autoridad Nacional de Agua (ANA), con una junta directiva predominantemente estatal, pero con participación ciudadana.

Ayer presentaron, además, el estudio “Institucionalidad del agua en América Latina”, que compara la legislación existente en 13 países. Dicho estudio destaca algunos elementos esenciales.

“En primer lugar, la ley se fundamenta en la naturaleza pública del recurso hídrico y, por tanto, en la autoridad que tiene el Estado para su gestión. En segundo lugar, la gestión de los recursos naturales, las políticas públicas y sociales deben integrarse en un sistema de planificación territorial y no pueden trabajarse de forma aislada”, dijo el rector de la UCA, Andreu Oliva.

También expresó que es necesario contar con recurso humano que esté calificado para la gestión del recurso hídrico, además de promover y empoderar a la población para que participe de manera informada y efectiva. Oliva agregó que hay tres funciones: la rectoría, la regulación y la prestación del servicio. “Y es peligroso, hay un riesgo, y así lo señala la Comisión Económica de América Latina: que sean parte de este grupo rector aquellos que tienen intereses en el uso del agua y que, por tanto, pueden afectar las decisiones en beneficio propio”, afirmó. Mientras que la procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero, pide a los diputados aprobar la ley general de aguas, pues su periodo termina el 30 de abril.

El arzobispo, José Luis Escobar, dijo: “Como Iglesia tenemos el propósito de hacer una recolección de firmas en todo el país, porque este es un tema muy sensible, que nos preocupa grandemente. Tengamos en cuenta tantas personas que no tienen acceso al agua, y que el agua que están tomando está contaminada”.

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