Reiteran llamado a las autoridades para investigar a Sigfrido Reyes

Miembros de FUNDE y FUSADES creen que el Tribunal de Ética Gubernamental tiene una nueva gran oportunidad de cumplir su deber de supervisar la ética de los funcionarios públicos. Diputado rechaza otra vez dar declaraciones.
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Inacción.   Presidente del TEG, Marcel Posada (segundo de izquierda a derecha), firmó la resolución del tribunal que evadió abrir una investigación al diputado Reyes.

Inacción. Presidente del TEG, Marcel Posada (segundo de izquierda a derecha), firmó la resolución del tribunal que evadió abrir una investigación al diputado Reyes.

No responde.  Ayer una vez más el presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, rechazó hablar con LA PRENSA GRÁFICA sobre sus negocios durante su gestión.

No responde. Ayer una vez más el presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, rechazó hablar con LA PRENSA GRÁFICA sobre sus negocios durante su gestión.

Reiteran llamado a las autoridades  para investigar a Sigfrido Reyes

Reiteran llamado a las autoridades para investigar a Sigfrido Reyes

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La publicación sobre otra empresa en la que están asociados el presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes; su hermano, Earle René Reyes; y el exasesor personal del diputado, Byron Larrazábal Arévalo, ha revelado información que, según miembros de instituciones de pensamiento, debería ser suficiente para que autoridades que decidieron omitir indagaciones sobre este caso lo retomen y abran formalmente investigaciones sobre estas conductas.

Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales (DEL) de FUSADES, y Roberto Burgos, director de la Oficina de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC) de FUNDE, coinciden en que instituciones estatales como el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) tienen la mejor oportunidad de reivindicarse y abrir, de oficio, investigaciones que determinen si ha habido o no, según estos directores, conflictos de interés o abusos de poder durante el ejercicio público.

Castro asegura que los decretos legislativos normalmente deben llevar un interés público para el bien común, de país, y no para pequeños grupos de personas, como sucedió con la aprobación del decreto 677 el 8 de mayo de 2014 en la Asamblea Legislativa, en el que se ordena al FOSAFFI beneficiar con la devolución de terrenos embargados y la implementación de formas de pago de la deuda a pocas personas.

Incluso la situación se podría volver más grave, añadió Castro, cuando se descubre que en un decreto que beneficia solo a unas pocas personas resulta que está dentro de la lista una persona que está relacionada con un funcionario.

“El TEG debería investigar por qué se le concedió un decreto a estas personas, si hubo un conflicto de intereses en ello, porque está el señor exasesor de la Asamblea Legislativa de alguna forma vinculado a ese decreto”, aseguró el director del DEL de FUSADES.

Burgos, por su parte, recordó que dentro de la Asamblea Legislativa existe un comité de ética que se reúne los lunes al mediodía pero que no da acceso a la prensa para estar presente en las sesiones de los diputados que lo integran. “Hasta ahora no sabemos para qué sirve”, comentó Burgos.

La diputada Mariella Peña Pinto, quien actuó como demandante en el caso que el TEG desestimó el 24 de marzo pasado contra el presidente de la Asamblea Legislativa, aseguró el lunes pasado que ella ha recurrido a ese comité de ética parlamentario para exigir que se abra un expediente contra el diputado Sigfrido Reyes.

La causa de Peña Pinto fue rechazada por el TEG porque, según los cinco magistrados del tribunal, esta institución no puede invadir atribuciones de otra institución pública, como la Corte de Cuentas, para investigar el origen de los fondos que utilizó el diputado para hacer compras de terrenos y proyectos de construcción en el caso de la empresa TERREIN.

Sin embargo, la misma Corte de Cuentas omitió realizar dicha investigación y se limitó a revisar si la venta de cinco terrenos en Greenside Santa Elena por parte del IPSFA tenía irregularidades.

Luego, cuatro magistrados del TEG decidieron que tampoco podían abrir una investigación para dilucidar conflictos de interés en la relación laboral y de socios entre Reyes y Larrazábal Arévalo porque, en la lógica de cuatro magistrados, la relación de socios ocurrió cuando ya había un contrato laboral.

La magistrada Jennyffer Vega, en ese punto en específico, no estuvo de acuerdo con los otros cuatro miembros del TEG y emitió un voto en contra, razonado, de por qué a su juicio sí existen indicios de conflictos de interés que deben ser dilucidados por el tribunal en una investigación.

Burgos, mientras tanto, valoró que las últimas revelaciones sobre los negocios personales de Reyes y su exempleado deberían provocar un cambio en las propuestas de una nueva ley de probidad.

“Por el caso de este funcionario se está haciendo necesario que a las declaraciones de patrimonio se sumen las declaraciones de interés que ya están contempladas en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Con estas declaraciones los funcionarios públicos también estarían obligados a informar sobre las sociedades empresariales a las que pertenecen. Y también se debería incluir la declaración tributaria, para ver si ha pagado impuestos por todos sus negocios”, dijo.

En todo caso, Burgos apeló a que si la institucionalidad del país está demostrando que no está a favor de la causa de la lucha contra la corrupción y el fomento de la transparencia y la probidad, al menos “por dignidad”, dijo el director de ALAC, “que este nefasto período legislativo en el cual el diputado Sigfrido Reyes tuvo a su cargo la presidencia de este órgano de Estado al menos se despidiera dando una explicación a la ciudadanía sobre todos esos negocios con estas sociedades que han sido revelados a través de la investigación periodística”.

Reyes mantiene negativa a responder

Ayer se celebró una sesión plenaria en el Salón Azul del congreso y presidió el diputado Reyes. Desde horas de la mañana y durante la tarde se pidió, a través de los canales oficiales, una declaración o una entrevista para hablar sobre su caso en general, incluida la última publicación sobre otra empresa en la que participa y la aprobación de un decreto que benefició a la esposa de su socio.

“En tanto LA PRENSA GRÁFICA no maneje los temas con objetividad, no brindaré declaraciones al respecto a dicho medio de comunicación”, fue la respuesta textual del presidente de la Asamblea Legislativa que se comunicó mediante la Gerencia de Comunicaciones.

Mientras tanto, la Fiscalía ha asegurado en algunas ocasiones que tiene una investigación en desarrollo sobre este caso.

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