Reos gastaron $37.5 millones en tiendas de Centros Penales

Centros Penales oculta el flujo de ese dinero. Sostiene que revelar montos y movimientos financieros de tiendas en penales pondría en riesgo la vida de una persona. Familiares de reos denuncian algunas irregularidades.
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La Dirección General de Centros Penales (DGCP) recolectó un total de $37,534,086 entre enero de 2012 y diciembre de 2015, por productos vendidos en las tiendas que tiene en el interior de los centros penitenciarios. En otras palabras, esa fue la cantidad que gastaron en cuatro años los más de 30,000 internos dentro del sistema carcelario salvadoreño.

La DGCP se reserva el detalle de los ingresos, pagos a distribuidores, y cómo utilizó ese monto cada mes y por cada penal. Esa información fue declarada reservada por la coordinadora de tiendas institucionales de la Dirección de Centros Penales.

El pasado 18 de mayo LA PRENSA GRÁFICA solicitó esos datos, así como copia de los documentos que respalden el uso de esos fondos, pero Centros Penales respondió con una negativa haciendo alusión a una reserva decretada a partir del 5 de junio de 2013 y que finalizará el 4 de junio de 2020.

“Los montos dinerarios que fluctúan dentro de cada tienda institucional mensualmente por cada centro penal está reservada”, se lee en el índice de información reservada que la DGCP colgó en su portal de transparencia.

El momento en que fue declarada en reserva esta información coincide con el periodo de apogeo de la tregua de pandillas, a partir de marzo de 2012, gracias a concesiones que autoridades de Centros Penales otorgaron en ese momento a los cabecillas de pandillas que estaban recluidos.

Según investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), en ese periodo fue detectada una deuda por más de $2 millones que acumularon las tiendas de los centros penales con los proveedores. El compromiso de pagar esa deuda fue asumido por el Estado, a pesar de que la coordinadora de tiendas institucionales fue creada para administrar los fondos recolectados y evitar el impago. La razón del endeudamiento y qué pasó con los $2 millones que hicieron falta para pagar la deuda es una de las líneas de investigación que tiene la Fiscalía.

Ayer, el fiscal general, Douglas Meléndez, informó que investigan el movimiento de $11 millones en esas tiendas en los últimos 14 meses (lea nota secundaria).

Se buscó al director de Penales, Rodil Hernández, para que explique la administración de esos negocios, pero al cierre de esta nota no atendió la solicitud.

señalamientos

Algunos familiares de los internos, que aceptaron hablar en anonimato con LA PRENSA GRÁFICA, denunciaron que en las tiendas de los penales ocurren irregularidades. “En las tiendas de allá adentro se vende todo más caro. El agua es más cara, el queso, la soda y los artículos de aseo personal son más caros de lo normal y eso me consta, porque entro cada 15 días”, dijo la familiar de un interno de uno de los penales que no está en emergencia.

Otro familiar aseguró que en las tiendas permiten que algunos internos acaparen productos y luego los revendan más caros a los demás, cuando las tiendas quedan desabastecidas.

“Cuando los productos se acaban, porque algunos acaparan, los revenden muy caros y un papel higiénico puede llegar a costar hasta $2”, dijo un familiar.

El único detalle público sobre el dinero reunido por las tiendas, durante el periodo de la tregua y en los años siguientes, es el total de lo recolectado. En 2012 ingresó un total de $8.7 millones a la DGCP. En 2013, que es el año en que la tregua se fortaleció, fue recaudado un total de $10.3 millones. En 2014 el ingreso fue de $9.3 millones y en 2015 de $9 millones.

En estos cuatro años, el promedio anual recaudado ha sido de $9 millones, equivalente al 11.8 % del presupuesto anual que fue aprobado por la Asamblea Legislativa para la DGCP en 2016, cuyo total es de $76,773,260.

Si el promedio anual se divide entre la población reclusa resulta que cada interno gastó, en promedio, $1 cada día.

La DGCP justificó por escrito la reserva de la información y dijo que lo hizo con base en dos literales del artículo 19 la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP). El primero (“d”) que dice literalmente: “Es información reservada la que ponga en peligro evidente la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona”.

El segundo literal es el “h” que dice: “Es información reservada la que pueda generar una ventaja indebida a una persona en perjuicio de un tercero”.

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