Reportan el doble de personas quemadas que en 2016

Las autoridades anunciaron que, desde el 1.º de noviembre pasado, han atendido a 40 personas quemadas por la manipulación de pólvora, 20 más que en el mismo período del año pasado. El viceministro de Salud exigió más acciones de la Fiscalía General de la República para sancionar a responsables.
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Durante la vigencia del Plan Belén de este año, 40 personas se han quemado a causa de la pólvora. Se trata del doble de víctimas que hubo en 2016, según lo revelaron ayer las autoridades en una visita realizada a los puestos de venta de cohetes en el parque Centenario de San Salvador.

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La mitad de los afectados, 20, son menores de edad. Veintisiete presentaron quemaduras graves. El viceministro de Salud, Eduardo Espinoza, señaló que 17 de los casos se debieron a la manipulación de productos pirotécnicos cuya venta está prohibida, como los silbadores o los fulminantes. El funcionario agregó que, sin embargo, en esta cifra no se han colocado aquellos artefactos construidos, según dijo, “para evadir la ley”, que tienen una alta peligrosidad, pero que aún no han sido catalogados como tales por las autoridades.

“Hay morteros que si uno los mira, son más pequeños y más delgados que un número cinco, todavía permitido, pero que cuando uno analiza la mezcla de la pólvora, es igual de potente que un número nueve, eso ya le puede quitar la mano a una persona”, comentó Espinoza.

El departamento de San Salvador, con 10 casos, concentra una cuarta parte de las emergencias atendidas correspondientes a este tipo, lo que significa un aumento de cinco veces más lo que se registró en 2016. Las autoridades recomendaron que si se van a adquirir productos pirotécnicos, que estos sean exclusivamente aquellos envueltos en papel, no en plástico, pues este segundo material puede convertirse en una peligrosa esquirla tras una explosión.

 

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Para el comisionado Leonel Rivera Lico, representante de la PNC, son especialmente preocupantes estas cifras si se toma en cuenta que los datos presentados ayer correspondían a un período que ni siquiera contenía la noche del 24 de diciembre, uno de los dos “días fuertes” para la quema de pólvora.

El director nacional de Protección Civil, Jorge Meléndez, afirmó que el panorama para el resto de emergencias “no es alentador”. Por ejemplo, ocho personas murieron en un accidente de tránsito. Para el mismo período de 2016, la cifra se colocaba en un solo muerto.

Las instituciones integradas en el Plan Belén han atendido 144 emergencias, un incremento del 26 % respecto al año pasado.

El representante de la PNC, Leonel Rivera Lico, afirmó que se ha reportado la captura de 22 personas que manejaban ebrias, con un porcentaje de alcohol en sangre más alto que lo permitido.

“Es preocupante lo que ha sucedido. Pero bien podemos afirmar que estas 22 personas pudieron ser otros 22 muertos... la PNC va a realizar un sin fin de controles de verificación de la velocidad, de documentos, y se está poniendo énfasis en la condición de las llantas”, dijo Rivera Lico.

Viceministro exige más acción de FGR

Para el viceministro de Salud, Eduardo Espinoza, la de este año ha sido la campaña más enérgica contra el uso de la pólvora que se haya visto. Los mismos comerciantes resienten que los resultados de la misma han disminuido el volumen de sus ventas. Sin embargo, este 2017 se ha doblado la cantidad de quemados por su manipulación. ¿Por qué?

Para Espinoza, buena parte de la responsabilidad pasa por la poca efectividad de las autoridades encargadas de castigar el uso irresponsable. Para ilustrarlo, señala que el año pasado hubo más de 80 menores de edad quemados. En ninguno de los casos, dice, se sancionó a las personas que los cuidaban.

“Eso lo que hace es fomentar la impunidad, cuando se piensa que a uno no lo van a castigar por lo que hace”, comentó el funcionario. También criticó que no han recibido reportes de que la Fiscalía General de la República (FGR) haya iniciado acciones relacionadas con el caso de la explosión de una cohetería clandestina en Ciudad Delgado el 14 de noviembre de 2017. En esta falleció un hombre y resultaron lesionados tres menores de edad que trabajaban ahí.

“No se han preocupado por saber de quién era la casa, quién era el muerto, qué hacían estos menores de edad trabajando allí. Eso debió suscitar acciones penales inmediatas. Eso genera mayor proliferación de coheterías ilegales”, comentó Espinoza.

Según las autoridades, en El Salvador podrían existir más de 300 coheterías en la ilegalidad, y únicamente ocho cuentan con permisos del Ministerio de la Defensa Nacional.

Espinoza fue parte de la comitiva de autoridades involucradas en el Plan Belén que ayer realizaron una visita al parque Centenario, uno de los principales centros de venta de pólvora autorizados en la capital. Un poco después de las 10 de la mañana, los funcionarios se acercaron a platicar con los comerciantes, quienes mostraban los productos y las condiciones de sus establecimientos.

Tanto a Espinoza como a Jorge Meléndez (director de Protección Civil) les llamó la atención que allí, colgadas a simple vista, estuvieran decenas de palometas, esos petardos triangulares que tienen la misma mezcla y cantidad de pólvora que un mortero. Preguntaron al representante de Bomberos de El Salvador, Edgardo Hernández, sobre la legalidad de la venta de las mismas. Este respondió que no son permitidas bajo ninguna forma.

Los puestos del parque Centenario han estado en el ojo de las autoridades desde hace semanas debido a que se han recibido denuncias de que en ellos se venden productos prohibidos. Aunque los comerciantes han negado las acusaciones.

Antes, en la pequeña conferencia de prensa que montaron antes de iniciar el recorrido, Jorge Meléndez afirmó que hay una investigación en curso. Ahora, sin embargo, él y los demás funcionarios solo se cruzaron de brazos, al afirmar que la sanción contra un comerciante por este tipo de actividades no les corresponde a ellos, sino a los miembros de la División de Armas y Explosivos (DAE) de la PNC.

El padre o responsable de un niño quemado puede enfrentar hasta tres años de prisión si un menor se quema durante la manipulación de pólvora.

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