Reserva total para caso tregua de pandillas

Fiscalía solicitó la reserva después de que se conoció que en el requerimiento se identifica al exministro de Seguridad David Munguía como el principal autor de la tregua. Defensores están inconformes.
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Reserva.  El exdirector de Penales no se presentó a la audiencia de imposición de medidas, pero envió a sus abogados, quienes dijeron desconocer su paradero.

Reserva. El exdirector de Penales no se presentó a la audiencia de imposición de medidas, pero envió a sus abogados, quienes dijeron desconocer su paradero.

Reserva total para caso tregua de pandillas

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El Juzgado Especializado de Instrucción A de San Salvador declaró ayer la reserva total para el caso de la tregua entre pandillas, argumentando que si se continúan ventilando detalles podrían correr peligro las partes involucradas, según explicó la oficina de prensa del Centro Judicial Isidro Menéndez (CJIM).

La solicitud de declarar la reserva del caso fue hecha, ayer mismo, por la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que se conoció que en el requerimiento fiscal se perfiló al exministro de Justicia y Seguridad David Munguía Payés como el principal autor de la tregua, pero no lo acusó formalmente.

El abogado Luis Mario Pérez Bennett, vocero de la Asociación de Abogados de El Salvador y defensor del comisionado Óscar Aguilar, uno de los imputados ya detenidos, señaló que la reserva vulnera el derecho de la población a conocer sin censura el proceso; y agregó que, probablemente, la solicitud de reserva tiene como objetivo silenciar lo que el requerimiento dice acerca de la participación de Munguía Payés.

“Siento que la solicitud de reserva es una acción legal, pero después de que todo el país conoce los detalles del requerimiento me parece extemporáneo y censura la libertad de expresión con el fin de callar las voces de los que decimos que es un juicio político y que los que están libres son los que tienen el poder”, dijo.

El juzgado declaró la reserva durante la audiencia de imposición de medidas en contra de tres imputados ausentes en el proceso: Nelson Rauda, exdirector general de Centros Penales; Anílber Eduviges Rodríguez, exinspector general de Centros Penales; y Ronald José Zúniga, educador del equipo técnico de Centros Penales, a quienes dictó instrucción formal con detención provisional.

Los tres imputados aún son buscados por la Policía para que cumplan con lo ordenado por el juzgado. Los primeros dos están acusados de actos arbitrarios, agrupaciones ilícitas y ser autores en el delito de tráfico de objetos prohibidos en centros penitenciarios. El tercero ha sido acusado por el delito de falsedad ideológica. Los defensores declararon ayer que no conocían el paradero de los imputados. Aunque Carlos Escobar, uno de los abogados de Rauda, expresó después de la audiencia que “solo los defensores manejamos esa información”.

El exdirector de Penales también es defendido por Manuel Chacón, quien ha fungido como apoderado legal del exministro Munguía Payés.

José Mártir, defensor de Zúniga, solo mencionó a la prensa que su cliente reside en San Miguel y aseguró que “por la naturaleza de la audiencia no se puede tomar la decisión de que la INTERPOL los capture”.

La Fiscalía y la jueza no brindaron detalles sobre los resultados de la audiencia justificándose en la declaratoria de reserva. La jefa de la Unidad Especializada Antipandillas de la Fiscalía, Guadalupe Echeverría, solo dijo, previo a la audiencia, que las investigaciones acerca del caso continúan.

“No descartamos la posibilidad de que existan otras personas y otros delitos, sin embargo queremos ser enfáticos en aportar pruebas con robustez para efecto de acreditar participación”, añadió, pero al final de la audiencia los fiscales evitaron a la prensa.

Por el caso también están procesadas otras 18 personas más: 17 que fueron capturadas y una que se presentó al juzgado el pasado sábado, día de la primera audiencia. Entre los imputados está el principal mediador de la tregua, Raúl Mijango. Además, tres mandos medios de la Policía: el comisionado Óscar Aguilar, el inspector Luis Alonso Aguilar Marín y el subinspector Roberto Castillo; así como empleados de Penales y miembros del Consejo Criminológico.

En esa audiencia de imposición de medidas, el juzgado decretó detención para Mijango, los tres policías y 10 personas más. Otras cuatro imputadas están en libertad condicional.

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