Respaldo dividido de jueces a emergencia carcelaria

Juzgados avalan emergencia en cinco penales, incluido máxima seguridad. Pero otras sedes judiciales anularon la medida en cuatro reclusorios. Jueza critica a Osiris Luna por decretar emergencias ilegales.

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FOTO DE LA PRENSA/Archivo Promedio.  Aunque el país tiene un bajo promedio de asesinatos diarios en 2020, con 3.7 casos, el Gobierno declaró emergencia carcelaria.

FOTO DE LA PRENSA/Archivo Promedio. Aunque el país tiene un bajo promedio de asesinatos diarios en 2020, con 3.7 casos, el Gobierno declaró emergencia carcelaria.

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Los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena se dividieron ayer en el respaldo a la emergencia en las cárceles decretada por la Dirección General de Centros Penales (DGCP) desde el martes pasado. Unas sedes judiciales anularon y otras avalaron la medida que el presidente de la república, Nayib Bukele, ordenó el lunes pasado por la noche, a través de su cuenta de Twitter.

“Se le previene al director general de Centros Penales, que a futuro haga uso de los medios que la Ley le faculta para mantener el orden y disciplina en los centros penales”.

Jueza segunda de Vigilancia Penitenciaria San Salvador

Voceros judiciales de San Vicente y Sonsonate confirmaron que ratificaron la suspensión de los derechos a los reos en cinco penales, a petición de Centros Penales. Las medidas de emergencia estarán vigentes desde el 3 de marzo a las 6 de la mañana hasta el 18 de marzo a las 6 de la tarde. Un periodo de 15 días, que es el máximo que permite la Ley Penitenciaria para una emergencia.

Los penales que están en emergencia avalada por los juzgados penitenciarios son: Centro Penal de Máxima Seguridad de Zacatecoluca, Centro de Detención Menor para Mujeres de Zacatecoluca (departamento La Paz), Centro Penal de San Vicente, Complejo Penitenciario de Seguridad en Izalco (Sonsonate) y el Centro Preventivo y Cumplimiento de Penas de Sonsonate.

La DGCP, con escritos firmados por su director Osiris Luna Meza, detalló a los jueces penitenciarios que la emergencia carcelaria se debe a que en los penales detectaron que las pandillas tienen "planes para declarar la guerra al sistema". Todo a raíz de supuestos informes de inteligencia que tienen carácter confidencial.

Según Luna, los informes revelan que en un sector conocido como "Las Cruces", de Panchimalco (San Salvador), las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 se están reuniendo para "desestabilizar el desarrollo normal de las actividades dentro de los centros penales". Los pandilleros supuestamente planean asesinar a elementos de instituciones de seguridad: Ejército y Policía.

No todos los jueces aceptaron esos argumentos. Resoluciones de los Juzgados Primero y Tercero de Vigilancia Penitenciaria de la capital ordenaron ayer a Centros Penales que anule la emergencia en el penal La Esperanza, conocido como Mariona por su ubicación en el municipio de Cuscatancingo, y los pabellones de reos del Hospital Nacional General y de Psiquiatría (Soyapango) y el Hospital Rosales (San Salvador).

También el Juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria de San Salvador anuló la declaratoria de emergencia en Ilopango, conocido como Cárcel de Mujeres. Los juzgados coincidieron en que los argumentos de la DGCP no son validos para suspender los derechos constituciones que tienen los privados de libertad en esas cárceles.

Incluso, la jueza Segunda de Vigilancia Penitenciaria de la capital criticó a Osiris Luna Meza por emitir reiteradas emergencias carcelarias "bajo un procedimiento ilegal". Esta es la segunda emergencia en los penales durante la administración Bukele.

La ley da la potestad a los juzgados de confirmar, modificar o revocar la emergencia en las cárceles. La DGCP puede suspender los derechos a los reos solo en situaciones de indisciplinas o de fuerza mayor que pongan en riesgo la seguridad penitenciaria.

Ayer, el presidente Bukele cuestionó que los jueces que anularon la emergencia "protegen a los delincuentes". Y Luna Meza dijo que la medida continuaría en todas las cárceles, medida que inició luego de que entre el sábado y lunes pasados fueron asesinados dos soldados en Morazán y Ahuachapán.

Al cierre de esta nota, faltaba que otros juzgados no se pronunciaron sobre la emergencia.

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