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Responsables de aplicar ley deben hacerlo desde interés superior de niños, claman instituciones

La Procuraduría General de la República, Plan Internacional, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales se pronunciaron en contra de cualquier acción que provoque daño a la niñez y adolescencia.

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Foto: cortesía

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“La garantía del acceso a la justicia implica para las instituciones responsables de la aplicación de la ley, interpretar el ordenamiento jurídico desde el principio del interés superior de las niñas, niños y adolescentes”, se recordó este viernes en El Salvador en un pronunciamiento firmado por la Procuraduría General de la República (PGR), organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales como Plan Internacional en el marco de la polémica que ha desatado el reciente fallo por el caso contra el magistrado Jaime Escalante.

Las instituciones rechazaron “enérgicamente cualquier acción que provoque dolor, sufrimiento o daño a la niñez y adolescencia, a través de cualquier medio, independientemente del uso o no de la fuerza”.

Señalaron que dicho sector enfrenta en El Salvador “un flagelo llamado violencia sexual que se fundamenta en relaciones de poder y de confianza desiguales con personas adultas, que se profundizan con las desigualdades de género”.

En el caso de la niña de 10 años de Altavista que sufrió un tocamiento en su parte íntima mientras jugaba frente a su casa, el supuesto agresor es un magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil y la desigualdad de poder, edad y condición social entre la víctima y el agresor es amplia.

Destacaron que en 2017 “se iniciaron 4,621 casos por delitos contra la libertad sexual de los cuales solamente se obtuvo una sentencia condenatoria en 488.

Los firmantes se comprometieron a “revisar, actualizar, armonizar, monitorear y socializar la normativa, planes, protocolos y rutas para la atención integral y articulada de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual” para que las instancias judiciales coloquen al sector en “el centro de la toma de decisiones”.

En El Salvador existe un descontento generalizado por la decisión de los magistrados Guillermo Arévalo Domínguez y Martín Rogel Zepeda, de la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador, quienes decidieron en el fallo del caso Escalante que "un tocamiento breve o instantáneo en la región púbica de la víctima, en un lugar transitado, populoso, habitacional y aprovechando un descuido de ésta, mientras se encontraba jugando con otro niño, y sobre su ropa, no supone el grado de afectación suficiente para poder considerar la conducta como constitutiva del tipo penal agresión sexual en menor".

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