Rodrigo Ávila propone crear registro nacional de pandillas, miembros y colaboradores

El diputado de ARENA y exdirector de la Policía Nacional Civil durante dos gobiernos del mismo partido propuso también declarar un estado de emergencia en los centros penales.
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El diputado de ARENA, Rodrígo Ávila, se expresó hoy en el programa Frente a Frente respecto al incremento de violencia en El Salvador generado principalmente por las pandillas.

El repunte de homicidios en El Salvador ha sido notorio desde 2015, cuando también comenzaron a incrementarse los ataques directos contra los miembros de las instituciones de seguridad como la Policía Nacional Civil (PNC), Fuerza Armada de El Salvador (FAES), así como jueces, fiscales y sedes policiales.

Y este año, la masacre de once trabajadores en el municipio de San Juan Opico (La Libertad) fue el detonante para que comenzaran a buscarse "medidas extraordinarias" de parte del Estado para combatir la criminalidad.

Considerando que buena parte de los homicidios -por ejemplo la masacre de San Juan Opico-se ordenan desde los centros penales donde están recluidos los cabecillas de las estructuras criminales, Ávila consideró que "se necesitan medidas especiales"y debe declararse un estado de emergencia en los centros penitenciarios para controlar de manera más rigurosa a los internos.

Además de esto, propuso crear un registro nacional de pandillas, miembros y colaboradores para tener así un control sobre dichos grupos criminales y los que quieran optar a una reinserción en la sociedad.

En 2012 el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública inició un estudio en los 14 departamentos de El Salvador, y hasta mayo de 2013, cuando habían estudiado 184 de los 262 municipios se establecía que habían ubicado 1,955 clicas (cada una conformada por al menos 15 personas) de seis pandillas y concluyeron que había en promedio una estructura delincuencial en cada colonia, de las 1,765 abarcadas en ese entonces.

Al sumar la cifra de pandilleros recluidos, las personas afines a ellos así como los pandilleros deportados y sus familias, el ministerio estimó una población de casi medio millón. Sin embargo, según las proyecciones de la misma institución la cifra habría aumentado en estos años.

Por otra parte, dijo que aunque hay una Ley de Proscripción de Pandillas "no hay una ley que establezca el mecanismo para catalogar si una persona pertenece a estos grupos delictivos o no", y agregó que queda a elección del juez determinar si las pruebas presentadas demuestran eso o no.

Ávila hizo énfasis en tomar medidas para retomar el control del territorio y combatir la violencia pandilleril. "Nos están sometiendo, nos están hincando y hay que levantarnos", dijo.

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