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S&P baja calificaciones de El Salvador por estancamiento político

La calificadora ha colocado al país en revisión especial por los problemas fiscales y la polarización política que impide un acuerdo para sanear las finanzas públicas.
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S&P baja calificaciones de El Salvador por estancamiento político

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La calificadora de riesgos Standard & Poor's anunció hoy que bajó la calificación de largo plazo de El Salvador, que estaba en B, hasta una B-, que corresponde a países que pueden caer en impago de sus obligaciones.
 
La entidad dijo, en un comunicado, que la baja se debe a "la continua paralización política en El Salvador ha provocado un mayor deterioro de la efectividad institucional y de gobernabilidad, lo que ha contribuido al debilitamiento adicional del perfil externo, y a una mayor erosión de la liquidez del gobierno".  Además, mantienen el país en estado de revisión especial, con implicaciones negativas.
 
"Esperamos resolver el estatus de Revisión Especial antes de que concluya 2016, con base en el resultado de las negociaciones políticas que afectan el acceso del gobierno a liquidez y restringe su capacidad para manejar su deuda", agregó.
 
La baja de la calificación refleja el deterioro en la evaluación que la calificado hace sobre la efectividad institucional y de gobernabilidad de El Salvador, lo que ha contribuido a un perfil externo más débil, y a una mayor erosión de la posición de liquidez del gobierno, señala el comunicado. La continua polarización política entre el FMLN y ARENA ha impedido el avance de la reforma fiscal y de pensiones, lo que ha dañado la confianza de los inversionistas, y ha impuesto altos costos a la administración financiera al debilitar la capacidad del gobierno para obtener ingresos adicionales y manejar su deuda, consideró la calificadora.
 
No se ha logrado consenso político y se ha acumulado una deuda de corto plazo de más de $1,000 millones, en Letras del Tesoro (LETES), cuyo monto está muy cerca del límite constitucional de $1,327 millones, recordó S&P. "Proyectamos que el déficit de la cuenta corriente exceda probablemente 3% del producto interno bruto (PIB) en los próximos tres años, lo que contribuirá a una liquidez externa más débil, y que las necesidades de financiamiento externo bruto del país excederán 100% de los ingresos de cuenta corriente y las reservas utilizables en el próximo par de años", señaló.
 
La deuda neta del gobierno general probablemente alcance 60% del PIB en 2018, en comparación con menos del 55% del PIB que representó en 2013. Las diferencias políticas han bloqueado la reforma del sistema de pensiones de El Salvador, cuyas finanzas persistentemente débiles han contribuido al crecimiento constante de la deuda del gobierno, apunta la calificadora.
 
El déficit del sistema de pensiones, en torno a 2% del PIB, representa aproximadamente la mitad o más del déficit fiscal del gobierno en años recientes. La falta de liquidez llevó recientemente al gobierno a permitir que el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, administrado por Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL), fondee los vencimientos en sus obligaciones de deuda con los fondos de pensiones del sector privado del país, a través de la emisión de deuda adicional (certificados de inversión en pensiones, CIP) en lugar de pagar con efectivo, medida que ofrece solamente un alivio de corto plazo. Las tenencias de CIPs de los fondos de pensiones se sitúan actualmente en un 41% de sus activos totales pero las administradoras de fondos de pensiones están limitadas a tener solamente hasta 45% de su cartera en tales activos.
 
"Nuestras calificaciones de El Salvador reflejan su limitada flexibilidad fiscal, falta de flexibilidad monetaria y bajos ingreso per cápita (estimado solo por encima de $4,300 en 2016). Consideramos que el gobierno tiene una limitada capacidad para recaudar ingresos adicionales, y que el país presenta carencia de servicios básicos e infraestructura. El Salvador carece de moneda propia y no cuenta con un acreedor de última instancia para su sistema bancario", dijo.
 
La agencia mantiene al país en revisión especial, lo que resolverá antes de que concluya 2016 con base en el resultado de las negociaciones políticas entre el gobierno y los partidos políticos en el Congreso. "Podríamos bajar más las calificaciones si continúa la polarización política, y genera un mayor debilitamiento en el manejo de deuda y el acceso a liquidez. Por el contrario, podríamos confirmar las calificaciones en el nivel actual si las negociaciones exitosas frenan el deterioro de la política fiscal y de la administración financiera, y esto deriva en una mejor posición de liquidez y manejo de deuda del gobierno en el corto plazo y estabiliza la carga de la deuda en el largo plazo", explicó.

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