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Saca ofreció $10,000 para dilatar proceso en su contra: FGR

Un abogado fue el enlace que utilizó Saca para sobornar a la colaboradora de la Cámara Primera de lo Civil, según la Fiscalía. La acusada llegó a la oficina de Grupo SAMIX, de acuerdo con investigación.
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Saca ofreció $10,000 para dilatar proceso en su contra: FGR

Saca ofreció $10,000 para dilatar proceso en su contra: FGR

Nuevo delito.  El expresidente Antonio Saca será procesado por intentar sobornar a una empleada judicial.

Nuevo delito. El expresidente Antonio Saca será procesado por intentar sobornar a una empleada judicial.

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El expresidente Elías Antonio Saca ofreció $10,000 a una empleada judicial para que facilitara información sobre el proceso que enfrenta junto con su esposa, Ana Ligia Mixco de Saca, en la Cámara Primera de lo Civil de San Salvador. Están acusados de enriquecimiento ilícito, según la Fiscalía General de la República (FGR).

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El jefe fiscal de la Unidad contra el Crimen Organizado, Will Wálter Ruiz, dijo ayer que el abogado Víctor Manuel Melgar fue el enlace que utilizó Saca para sobornar a la colaboradora Ángela Iracema Avelar Salinas en 2016.

“Hay una situación en particular. Es un abogado que tenía los contactos en diferentes tribunales y es a quien el expresidente buscó para poder solicitar ayuda por el caso de enriquecimiento ilícito”, aseguró Ruiz.

El abogado Melgar, quien al igual que la empleada judicial ya fue capturado, dijo que conoce a Saca porque es una figura pública, pero que en ningún momento ha trabajado para él.

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La Fiscalía pudo comprobar, por medio de intervención de llamadas telefónicas, que la empleada judicial brindó información sobre el caso para que los abogados pudieran diseñar estrategias para dilatar el proceso civil. “Estaban ofreciendo por la ayuda $10,000. Ella (Avelar) ayudó haciendo un estudio para que se dilatara un poco el caso, obviamente por una estrategia que tenían los imputados”, dijo Ruiz. Sin embargo, el jefe fiscal no confirmó si la acusada recibió el dinero.

La Fiscalía, además, realizó un operativo de vigilancia en contra de Avelar Salinas. El jefe fiscal dijo que tienen evidencia de que la acusada ingresó a la oficina de Grupo SAMIX. “Hubo vigilancia de la señora y se dirigieron hacia las oficinas de Grupo SAMIX’’, sostuvo.

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La empleada estaba designada en el área administrativa de la Cámara de lo Civil. Ella conocía casi de inmediato las resoluciones de los magistrados y era quien convocaba a las partes, explicó una fuente cercana al caso.

Ruiz no reveló más información debido a que “la investigación continúa”.

Saca fue intimado (informado de una nueva acusación) en el penal La Esperanza por el delito de cohecho activo. El expresidente guarda prisión provisional debido a que también es procesado en la vía penal por lavado de dinero. La Fiscalía lo acusó de depositar dinero del Estado hacia cuentas privadas.

Junto con Saca, como parte del proceso penal, están detenidos el exsecretario de la Presidencia Élmer Charlaix y cinco exfuncionarios. Todos, según la FGR, pertenecen a una estructura que funcionó cuando Saca ejerció como presidente.

La Fiscalía presentará en los próximos días el requerimiento fiscal contra los imputados que pertenecen a la segunda supuesta estructura que sobornó a empleados judiciales.

El proceso civil contra Saca surgió después de que la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) determinó una serie de irregularidades en la declaración patrimonial de Saca y su grupo familiar. Los magistrados de la Corte Suprema decidieron enviarlo a juicio civil. Sin embargo, hace dos semanas, la Sala de lo Civil de la CSJ notificó que decidió no incorporar al proceso a los tres hijos del expresidente debido a que no fueron funcionarios.

La defensa de los esposos Saca debe probar la fuente lícita del dinero cuestionado por la Fiscalía; de lo contrario, la cámara los condenará a que devuelvan más de $4 millones al Estado.

La Cámara Primera de lo Civil también conoce el caso en contra de Charlaix y su esposa, María Arline de Charlaix, también acusados de enriquecimiento ilícito. Probidad determinó que los esposos no lograron comprobar la procedencia de $18 millones.

Los magistrados de la cámara admitieron toda la prueba que presentó la Fiscalía, que apunta que el dinero salió de las cuentas del Estado. Esta documentación desfilará en la próxima audiencia.
 

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