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Saca queda en prisión y con embargo

El juzgado decretó seis meses de instrucción en el caso, el embargo preventivo de los inmuebles a nombre de los siete imputados, avaló todos los delitos presentados por la Fiscalía y ordenó que sigan presos en la DAN. Defensores señalaron algunos errores en resolución.
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En audiencia.  Los siete imputados estuvieron presentes los dos días que duró la audiencia y también ayer, cuando se leyó el fallo.

En audiencia. Los siete imputados estuvieron presentes los dos días que duró la audiencia y también ayer, cuando se leyó el fallo.

Prisión VIP. A los siete imputados no se les mandó a ningún penal. Seguirán en la Policía.

Prisión VIP. A los siete imputados no se les mandó a ningún penal. Seguirán en la Policía.

Saca queda en prisión y con embargo

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La jueza Cuarta de Paz de San Salvador, Nelly Edith Pozas, decretó ayer por la mañana la detención provisional y seis meses de instrucción en contra de los siete imputados en el caso en que está siendo procesado el expresidente de la República Elías Antonio Saca.

Pozas resolvió que debido a la gravedad de los delitos en cuestión, todas las muestras de arraigo presentadas por la defensa son insuficientes para decretar una medida sustitutiva al arresto preventivo.

“Las peticiones que ha presentado la defensa en cuanto a presentar arraigos, que se han presentado voluntariamente, ello no es suficiente... A criterio de esta juzgadora, no es suficiente, pues las penas que se podrían imponer son bastantes elevadas”, expresó Pozas.

Según la resolución oral emitida por la jueza de Paz, los imputados guardarán prisión en las bartolinas de la Dirección Antinarcóticos (DAN) de la Policía Nacional Civil (PNC).

A petición de la defensa del expresidente Saca, la jueza autorizó que a los imputados se les permita el ingreso de colchonetas, visitas de médicos y familiares, además de que se les facilite una mayor cantidad de tiempo de ejercicio físico mientras continúe su resguardo provisional.

Pozas también decretó el embargo preventivo de todas las propiedades que estén a nombre de cada uno de los siete imputados, las cuales deben ser determinadas por la parte acusadora, la Fiscalía, en los próximos días.

El ministerio público mantiene inmovilizadas las cuentas bancarias de los procesados, excepto aquellas que sirven para el pago de las planillas de sus empresas.

La jueza Cuarta de Paz avaló la imputación de todos los delitos y procedimientos señalados por la Fiscalía. Pozas aceptó la figura de agrupaciones ilícitas al argumentar que existió una estructura jerárquica a la que se le notan indicios de algunos ilícitos.

Asimismo, la jurista aceptó el delito de peculado bajo el argumento de que el dinero fue movilizado de cuentas del Estado a cuentas privadas, de donde fue retirado en efectivo muchas veces por personas que eran funcionarios públicos.

En cuanto al lavado de dinero, la jueza determinó que el traslado de dinero a cuentas privadas y la falta de comprobantes sobre el traslado de esos fondos a instituciones públicas son indicios suficientes para indiciar el delito.

En el caso denominado Destape de la Corrupción están siendo procesados el expresidente Saca; Élmer Charlaix; el exsecretario de Comunicaciones Julio Rank; el exsecretario de la Juventud César Funes; el jefe de la Unidad Financiera Institucional de Casa Presidencial, Francisco Rodríguez; el exasesor contable de la Presidencia Pablo Gómez; y el tesorero de la Presidencia, Jorge Herrera.

Según la Fiscalía, esta red movilizó de forma ilícita $246 millones provenientes de la cuenta Subsidiaria del Tesoro Nacional.

Jueza erró

Luego de que la jueza dio a conocer su resolución, los abogados defensores utilizaron el derecho de aclaración de algunos puntos.

El primero en intervenir fue el bogado defensor de Rank, Lisandro Quintanilla, quien solicitó a la jueza que le dijera por qué razón no había tomado en cuenta su argumento sobre la imposibilidad de que se haya generado una agrupación ilícita partiendo de una elección presidencial.

Pozas aclaró a Quintanilla que en el caso, el mismo delito de agrupaciones ilícitas determina que existe un agravante en la pena para aquellas personas que cometen el delito y son además funcionarios públicos.

Posteriormente, el abogado de los funcionarios de Casa Presidencial, Mauricio Velásquez, interpeló a la jueza por diversos motivos. El defensor privado pidió a Pozas que rindiera cuentas sobre por qué decidió mantener el delito de peculado a Herrera.

La jueza explicó que Herrera, como tesorero de Casa Presidencial, firmó cheques y conocía que se trataba de movimientos hacia cuentas privadas, y que, por lo tanto, es razón suficiente para mantener el indicio de peculado.

Finalmente, el abogado de Saca, Mario Machado, señaló que la jueza citó en su fallo el delito de agrupaciones ilícitas basándose en una normativa que no estaba vigente en la época en que presuntamente se cometieron los ilícitos. La jueza aceptó dicha observación y apuntó que se debió a un error en la digitación del documento.

Machado también pidió explicación a la jueza sobre la razón por la cual ella había denegado el sobreseimiento de todos los imputados, cuando solo se solicitó que se evaluara para el delito de agrupaciones ilícitas en el caso de Julio Rank y la posible prescripción del mismo delito para César Funes.

Pozas admitió que había agregado ese punto sin solicitud de la defensa, por lo que lo debió corregir para la entrega oficial del acta de la audiencia; además, aseguró que pasó por alto la evaluación de la prescripción en el caso de Funes, por lo que pidió unos minutos durante la lectura del fallo para analizar la cuestión, de lo que resultó la negativa de aceptar los argumentos de la defensa al respecto.

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