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Saca y Funes en lista negra de corrupción de Estados Unidos

El Departamento de Estado incluyó a 10 salvadoreños en un listado de corruptos del Triángulo Norte. Congresista pide que se incluya a funcionarios que están en el cargo.

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Los expresidentes Elías Antonio Saca y Mauricio Funes encabezan una lista de 10 salvadoreños corruptos, elaborada por el Departamento de Estado de Estados Unidos y presentada ante el Congreso del país norteamericano en el marco de las enmiendas a la Ley de Autorización de la Defensa Nacional (NDAA, en inglés), que obliga al Pentágono a elaborar una lista de funcionarios investigados por gran corrupción, financiamiento electoral ilícito o vínculos con el crimen organizado.

El Departamento de Estado cumplió en una parte con ese mandato y envió al Congreso un listado compuesto por seis hondureños, siete guatemaltecos y 10 salvadoreños (ver tabla en página 12).

En el caso específico de los salvadoreños, además de Saca y Funes también se incluye a cinco exfuncionarios durante el gobierno de Saca: Élmer Charlaix, ex secretario presidencial; Julio Rank, exsecretario de Comunicaciones; César Funes, exsecretario de la Juventud; Francisco Rodríguez Arteaga, exdirector de Finanzas; Pablo Gómez, exasistente de Finanzas; y Jorge Herrera, exjefe de Tesorería.

La lista la completan el ex fiscal general de la República Luis Martínez y el exalcalde de Apopa Elías Hernández.

Martínez ha sido condenado por aceptar sobornos del empresario Enrique Rais y por revelar audios reservados, captados por el Centro de Escuchas Telefónicas de la Fiscalía, en una investigación contra el sacerdote Antonio Rodríguez.

Gran corrupción. El Congreso estadounidense critica que desde 2008 se ha proporcionado cerca de $1,000 millones en materia de seguridad para los países del Triángulo Norte y mucho de ese dinero queda en manos de corruptos.

Mientras que a Hernández el Departamento de Estado lo incluye luego de ser condenado a 12 años de prisión en febrero de 2018, por comprobarse que brindó apoyo económico a miembros de la 18 a cambio de favores durante su campaña para alcalde.

El resto de involucrados tiene su puesto debido a los recientes juicios por corrupción, lavado de dinero y favores políticos.

Por el lado de Guatemala también figuran personalidades políticas, como la exvicepresidenta Roxana Baldetti, sentenciada a 15 años de prisión por corrupción; y el exministro de Gobernación Mauricio López Bonilla.

En el listado hondureño han sido incluidos los hermanos Yani y Yankel Rosenthal por delitos como tráfico y lavado de dinero.

"La lista es una farsa"

La congresista demócrata Norma Torres reaccionó, molesta, por el listado que mandó el Departamento de Estado y dijo que no se cumplió a cabalidad con lo solicitado. Incluso aseguró que el presidente Donald Trump está favoreciendo a funcionarios centroamericanos con esta publicación.

"Esta lista es una farsa. Es increíble que el Departamento de Estado se haya retrasado 53 días en entregar este informe y esto es lo que nos dieron. Si el Congreso quisiera una lista de funcionarios que fueron sentenciados o sancionados lo hubiéramos buscado en Google", publicó Torres en un comunicado de prensa, en su sitio web y distribuido en sus redes sociales.

La representante del estado de California dijo que con este listado el actual gobierno de Estados Unidos es cómplice de varios corruptos en la región que todavía no enfrentan un proceso judicial en sus países; pero de los cuales la Inteligencia norteamericana tiene información sobre su participación en hechos delictivos.

"Sabemos, y todos los expertos del Departamento de Estado también saben, que el Gobierno de Estados Unidos tiene conocimiento de muchos pero muchos funcionarios corruptos en Centroamérica que no fueron incluidos en el informe. Al ocultar intencionalmente los nombres de funcionarios corruptos en Centroamérica, desafiando la intención del Congreso, la administración de Trump se está involucrando en un encubrimiento", declaró Torres.

Luego agregó: "Esta no es la primera vez que este gobierno ha sido cómplice de la corrupción en Centroamérica".

En 2018, Torres también presentó un proyecto de ley denominado Fin de la Corrupción en el Triángulo Norte (End Corruption in the Northern Triangle Act, en inglés). Este incluía ayuda hacia los países centroamericanos para combatir la corrupción, entre las que se mencionan la cooperación con los fiscales de cada país, intercambio de información en el área de inteligencia y el apoyo diplomático y financiero a las comisiones internacionales contra la impunidad (la famosa CICIES que El Salvador aún no tiene).

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