Sala de lo Cnal. confirma multas a telefónicas por señal en penales

Los magistrados rechazaron una demanda de inconstitucionalidad en contra de un artículo de la Ley Especial contra la Extorsión.
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Multas.  La LECDE también plantea que si una empresa reincide en infracciones, el Estado puede retirarle la concesión.

Multas. La LECDE también plantea que si una empresa reincide en infracciones, el Estado puede retirarle la concesión.

Sala  de lo Cnal. confirma multas a telefónicas por señal en penales

Sala de lo Cnal. confirma multas a telefónicas por señal en penales

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La multa de $755,100 al día para toda compañía telefónica que no reduzca la señal para la telecomunicación en recintos penitenciarios continuará vigente y podrá aplicarse, según resolvió ayer la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Los magistrados de la sala fallaron de forma unánime rechazar la demanda de inconstitucionalidad presentada contra el artículo 14, incisos 6 y 7 de la Ley Especial contra el delito de Extorsión (LECDE), que fue aprobada por la Asamblea Legislativa hace un año, en marzo de 2015.

De acuerdo con un comunicado de la sala, así como la resolución, la petición de declarar inconstitucionales los incisos estaba fundamentada en que la LECDE contraría el artículo 12 de esa ley, entre otros.

En los incisos cuestionados, la LECDE establece una multa de 3,000 salarios mínimos mensuales, del sector comercio, a las compañías que presten servicios en centros penales, granjas penitenciarias u otras infracciones. La suma asciende a $755,100.

La argumentación de la demanda exponía que la imposición de la multa era meramente “aritmética”, sin ninguna valoración de por medio acerca de la conducta que se está reprochando. “La multa fija por día hace imposible modular la sanción en razón de la gravedad del hecho y de la culpabilidad del imputado o supuesto autor de la infracción”, planteaba el promotor de la demanda, Enrique Anaya Barraza.

Los magistrados, sin embargo, declararon improcedente la demanda porque consideraron que los derechos que busca proteger la LECDE “son de interés general para la población”, según el comunicado de ese tribunal. “La labor especializada de los operadores de telecomunicaciones evidencia su necesaria intervención en el desarrollo de medidas de cumplimiento de la ley que tienen como fin la seguridad pública”, plantea el comunicado.

En este sentido, Anaya expresó que la demanda se enfocó más bien sobre “el diseño deficiente de la sanción” y no sobre el hecho de aplicarla. El demandante agregó que uno de sus argumentos fue que multar a los operadores “no es la medida apropiada para impedir llamadas telefónicas desde los centros penales”, que en la jerga se llama una “medida inidónea”. De hecho, Anaya lamentó que el comunicado de la sala no coincide con el contenido de la resolución completa.

Desde años atrás, tanto la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR) han asegurado que un porcentaje considerable de las extorsiones son ordenadas y negociadas desde el interior de centros penitenciarios. Además, al menos las últimas tres administraciones gubernamentales han elevado quejas ante la actitud de compañías telefónicas de no “bajar” la señal de las antenas cerca de las prisiones.

El vocero de Casa Presidencial, Eugenio Chicas, explicó ayer durante una entrevista televisiva que “son millonarias las ganancias de las empresas y (sabemos) que les puede eventualmente afectar en sus ingresos el que no haya señal desde los centros penitenciarios, sabemos que eso es así, pero ese es dinero mal habido (...) hasta hoy no hemos contado con el apoyo de las empresas telefónicas en ese sentido”.

Chicas manifestó que han preparado “medidas radicales” relacionadas con el servicio de las telefónicas; además de haber encontrado en prisiones teléfonos con $20,000 disponibles en saldo.

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