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Sala define esta semana si hijos de Saca van a juicio

Fiscalía busca que tres hijos del expresidente enfrenten juicio civil por enriquecimiento ilícito. Una cámara los excluyó del proceso porque no fueron funcionarios.
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Dos procesos.  Saca enfrenta un proceso civil y otro penal. Por este último se encuentra detenido.

Dos procesos. Saca enfrenta un proceso civil y otro penal. Por este último se encuentra detenido.

Sala  define esta semana si hijos de Saca van a juicio

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La Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidirá esta semana si tres hijos del expresidente de la República Elías Antonio Saca deben enfrentar, junto con sus padres, un juicio por enriquecimiento ilícito en la Cámara Primera de lo Civil de San Salvador.

Los magistrados propietarios de la Sala de lo Civil se excusaron de tomar la decisión porque ellos, como integrantes de Corte Plena, votaron por enviar a juicio civil a Saca en febrero pasado. Quienes decidirán si los hijos del expresidente deben enfrentar un proceso civil son los magistrados suplentes Sandra Luz Chicas, Carlos Sánchez y Ricardo Suárez Fischnaler.

En febrero pasado, la Sección de Probidad de la Corte Suprema determinó que Saca no pudo probar el origen lícito de $3,970,013.23. La Corte Plena, integrada por los 15 magistrados, decidió enviarlo a juicio civil. La Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Saca y a su familia ante la Cámara Primera de lo Civil, pero esta decidió dejar fuera del proceso por enriquecimiento ilícito a los tres hijos del exmandatario Gerardo Antonio Saca Mixco, José Alejandro Saca Mixco y Christian Eduardo Saca Mixco.

Los magistrados de lo Civil Henry Macal y Rigoberto Estrada llegaron a la conclusión de que los hijos del expresidente no deben enfrentar juicio civil porque ellos nunca fueron funcionarios públicos. No obstante, la cámara sí admitió la demanda contra la ex primera dama Ana Ligia Mixco.

La Fiscalía, inconforme con la decisión de la cámara, acudió a la Sala de lo Civil, que programó para esta semana la discusión de la apelación.

El alcance de los procesos por enriquecimiento ilícito ha sido un punto de división dentro de la Corte Suprema. En marzo pasado, cuando el pleno envió a juicio civil al expresidente Mauricio Funes, los magistrados debatieron si debían imponer restricciones de transferencias de vehículos del hijo de Funes o solo a los del exfuncionario. Hay magistrados de la CSJ que sostienen que las restricciones solo deben abarcar al funcionario y no a terceros. Otros, en cambio, señalan que el artículo 240 de la Constitución de la República permite indagar al grupo familiar del exfuncionario investigado.

Los magistrados de la Cámara Primera de lo Civil también rechazaron la demanda contra Promotora de Comunicaciones, propiedad del exmandatario. “Imposibilita su juzgamiento ya que estos no son titulares de la relación jurídico-material, por no haber tenido la calidad de funcionarios ni de empleados públicos, y por ende al evidenciarse la falta de un presupuesto material de la pretensión dirigida en su contra, esta deviene en improponible”, sentenciaron en marzo pasado.

El pleno de la Corte Suprema ordenó desde marzo la inmovilización de cinco cuentas bancarias a nombre del expresidente y de su esposa, así como la prohibición de transferencia o traspaso de las acciones que conforman los activos de tres empresas relacionadas con el expresidente.

El proceso penal

Saca, además de enfrentar el proceso civil por enriquecimiento ilícito, permanece en prisión preventiva por un proceso penal en el cual es acusado de los delitos de delitos de casos especiales de lavado de dinero, agrupaciones ilícitas y peculado (apropiarse de fondos públicos).

Según la Fiscalía, el exfuncionario encabezó una estructura que dentro de su gobierno desvió $246 millones de forma irregular hacia cuentas particulares, agencias de publicidad y otro tipo de empresas. Es acusado junto con seis personas más: su ex secretario privado, Élmer Charlaix; el exsecretario de la Juventud y expresidente de ANDA César Funes; el exsecretario de Comunicaciones Julio Rank; y otros tres empleados de Casa Presidencial: el jefe de la Unidad Financiera Institucional de Casa Presidencial, Francisco Rodríguez; el exasesor contable de la Presidencia Pablo Gómez; y el tesorero de la Presidencia, Jorge Herrera.

Por este caso, la jueza del Cuarto de Paz de San Salvador, Nellu Pozas, ordenó el pasado sábado nuevos embargos que abarcan todas las propiedades que estén a nombre de los siete imputados, las cuales deben ser determinadas por la parte acusadora, la Fiscalía, en los próximos días.

La Fiscalía dijo que mantiene inmovilizadas las cuentas bancarias de los procesados, excepto aquellas que sirven para el pago de las planillas de sus empresas.

La funcionaria entregará el fallo, por escrito, el próximo jueves.

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