Sala CSJ ordena promulgar ley para resarcir daños morales

Magistrados decretaron que la Asamblea Legislativa ha incurrido en una inconstitucionalidad por omisión durante 31 años, al no regular la forma de exigir el derecho constitucional por daños morales.
Enlace copiado
Sala CSJ ordena  promulgar ley para resarcir daños morales

Sala CSJ ordena promulgar ley para resarcir daños morales

Sala CSJ ordena  promulgar ley para resarcir daños morales

Sala CSJ ordena promulgar ley para resarcir daños morales

Enlace copiado
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) corrigió nuevamente la plana a la Asamblea Legislativa y le impuso la obligación de emitir una ley, antes de que termine este año, para regular el derecho a la indemnización por daño moral a la que toda persona tiene derecho, según el inciso 3 del artículo 2 de la Constitución.

Los magistrados dieron la razón al ciudadano José Arturo Tovar Peel, en una demanda que analizaban desde diciembre de 2012.

Tovar Peel señaló en su demanda que en la Constitución se plantea una “obligación de emitir un cuerpo jurídico adecuado que establezca el resarcimiento de los daños extrapatrimoniales”, para proteger ese derecho. En otras palabras, que la Constitución obliga a los diputados a promulgar una ley que actualmente no existe.

La sala declaró que existe una inconstitucionalidad por omisión, tras establecer que los diputados difirieron “el cumplimiento del mandato constitucional contenido en el artículo 2 inciso 3.° de la Constitución, al no haber emitido la normativa que determine las condiciones bajo las cuales se deberá materializar el derecho a la indemnización por daños morales”, según se lee en la resolución.

La actual constitución fue emitida en 1983, lo que significa que diputados de diferentes períodos han ignorado esta atribución por 31 años. La Sala de lo Constitucional calificó como “excesivamente dilatada” la labor de los diputados en este apartado en particular.

En esta oportunidad, los magistrados también criticaron a la Asamblea Legislativa por desaprovechar su oportunidad de defender su actuación en el proceso ya que, según la sala, rindió su informe fuera del plazo legal para ello.

“La Asamblea Legislativa insiste en que, como autoridad demandada, puede decidir cuando darse por notificada de las resoluciones de este tribunal”, comentaron en el documento.

Las críticas al rol legislativo en las sentencias de la Sala de lo Constitucional se han correspondido con declaraciones de los diputados, en un pulso que se ha acentuado durante los últimos dos periodos legislativos.

La Asamblea Legislativa también ha replicado esta actitud de los magistrados, en los informes que envía a la sala, en los casos en que el Órgano Legislativo es demandado por los ciudadanos.

Los diputados, por ejemplo, espetaron a la Sala Constitucional que “ha extendido, alargado, ampliado o prorrogado arbitrariamente competencia (improrrogable) para proceder a admitir control” de actos que exceden a la naturaleza de esta facción de la CSJ, en la sentencia en que se decidió prohibir la integración del Tribunal Supremo Electoral (TSE) con miembros de partidos políticos.

Defensa legislativa

De alguna manera, el fiscal general de la República, Luis Martínez, suplió las carencias de los diputados en esta demanda, ya que su escrito a la sala defendió el trabajo de los legisladores.

Martínez opinó que el derecho a la indemnización por daños morales se plantea como una “norma incompleta” que precisaba de la emisión de una ley secundaria que asegurara la aplicación del derecho. Para el fiscal, la Asamblea sí cumplió con esa obligación.

El fiscal esgrimió una serie de artículos de distintas leyes, como el Código de Familia, la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (LEPINA), la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo o a la Ley de Procedimientos Especiales sobre Accidentes de Tránsito para sustentar su defensa.

No obstante, los magistrados rechazaron ese argumento al señalar: “Muchos de esos artículos –planteados por la Fiscalía– hacen referencia a la indemnización de perjuicios por daños materiales, la cual es una institución que de cierta forma cuenta con un marco regulatorio en el ordenamiento jurídico actual”.

La sala cree que se necesita una actualización legislativa que garantice la eficacia de ese derecho constitucional: “Como se advirtió preliminarmente, que el legislador desarrolle a plenitud todos los presupuestos legales para dar eficacia a dicho derecho”, expusieron.

Los magistrados consideran que hace falta un asidero legal suficiente para que las protecciones constitucionales tengan un “reflejo aplicativo en la sociedad”.

En ese sentido, la nueva normativa que deberán promulgar los diputados tiene que “garantizar a toda persona que sufra un daño de índole moral los mecanismos para obtener una reparación correlativa”, además de presentar de “manera clara, precisa, organizada y sistemática las condiciones con base en las cuales las personas que sufran un menoscabo a su esfera psíquica y moral puedan ejercer la acción indemnizatoria por daños de carácter moral”. El plazo para legislar esto se vence el 31 de diciembre del presente año.

Tags:

  • sala constitucional
  • daños morales
  • asamblea legislativa
  • ley

Lee también

Comentarios

Newsletter