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Sala CSJ ordena garantizar indemnización por renuncia

Exige a Asamblea emitir ley para indemnización a más tardar en diciembre
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La Asamblea Legislativa debe emitir una ley secundaria en la que se defina cómo van a ser indemnizados los trabajadores en caso de renuncia. Así lo ordenó ayer la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La sala declaró inconstitucional la omisión de la Asamblea Legislativa de regular el derecho de los trabajadores a ser indemnizados cuando renuncian, una prestación también conocida como “indemnización universal”.

La sala señaló que la Asamblea está obligada a regular la indemnización para los trabajadores en caso de renuncia porque ese derecho está consignado en el ordinal 12 del artículo 38 de la Constitución de la República.

La Sala de lo Constitucional estableció que los diputados deberán emitir una ley para la indemnización por renuncia a más tardar el 31 de diciembre de 2013. La Asamblea, según la sentencia, deberá emitir una ley “por la que se fijen de manera precisa, organizada y sistemática las condiciones de ejercicio del derecho a la indemnización por renuncia voluntaria de los trabajadores permanentes”.

El fallo fue unánime. Lo firmaron los magistrados propietarios Rodolfo González, Florentín Meléndez, Sidney Blanco y Belarmino Jaime, así como Celina Escolán, suplente de Salomón Padilla, presidente de la sala.

La Asamblea Legislativa justificó ante la sala las razones por las cuales no ha emitido una ley secundaria para regular la indemnización universal. “Señaló que desde 2000 existen proyectos de ley para ser analizados, pero dicha labor es compleja, pues las diferentes instituciones sindicales, la empresa privada y los entes del Gobierno tienen que realizar un estudio exhaustivo para determinar si actualmente existen las condiciones económicas, sociales y políticas para aprobar una ley de indemnización universal”, según un comunicado de la sala.

El artículo 54 del Código de Trabajo, por ejemplo, indica que los contratos se pueden terminar por consentimiento de ambas partes, pero no menciona cómo será indemnizado el trabajador en caso de que decida dar por finalizada la relación con su patrono.

“No consta que la Asamblea Legislativa o la respectiva comisión hayan tomado en cuenta siquiera las recomendaciones y opiniones del Ministerio de Trabajo sobre el tema o que hayan promovido alguna especie de estudio que permita inferir que el mandato contenido en el artículo 38 ordinal 12 de la Constitución está siendo optimizado”, se lee en el fallo.

La sala llegó a la conclusión de que la omisión de la Asamblea de emitir una ley que garantice la indemnización por renuncia ha sido “excesivamente dilatada”.

Improcedencia

Ayer, la sala también declaró improcedente la demanda interpuesta por un abogado contra el nombramiento de la primera dama de la República, Vanda Pignato, como secretaria de Inclusión Social. El abogado había planteado que el nombramiento de Pignato contravenía la Constitución porque es cónyuge del presidente de la República. Los magistrados determinaron, según un comunicado, que el demandante “omitió establecer las razones por las que considera que las disposiciones constitucionales que reglamentan lo relativo a los ministerios o secretarías de Estado son aplicables a la Secretaría de Inclusión Social”.

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