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Sala CSJ ratificó fallo contra empresa acusada de estafa

COPRECA buscaba invalidar decisión MOP de caducar contrato Diego de Holguín
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La Sala de lo Contencioso de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aportó ayer un nuevo elemento a favor del Ministerio de Obras Públicas (MOP) en el caso de corrupción por la construcción del bulevar Monseñor Romero, tras declarar improcedente una demanda presentada por la empresa constructora que buscaba revertir la decisión del MOP de caducar, en 2009, el contrato por el segundo tramo de la vía antes llamada Diego de Holguín.

La demanda del asocio COPRECA-Linares, al que fue adjudicada la construcción, fue admitida en la sede de lo Contencioso el 8 de mayo de 2009. En ella, Roberto Oliva, apoderado del asocio y prófugo en este caso, alegó seis razones para solicitar la ilegalidad de la orden del MOP.

Según los entonces demandantes, la cartera de Obras Públicas tiene “falta de competencia constitucional para emitir la sanción de caducidad” del contrato porque consideraba que solo el Órgano Judicial puede hacerlo. Además, esgrimían que “para imponer la sanción deben existir y probarse incumplimientos contractuales”.

Los magistrados de lo Contencioso Administrativo resolvieron que el MOP “tiene la competencia constitucional suficiente para dictar cualquier tipo de sanciones que le habilite la ley”, y ratificaron la resolución en la que se ordenó al asocio constructor pagar las garantías contractuales pactadas por no ejecutar las obras. El documento fue firmado el 30 de noviembre de 2012; sin embargo, fue notificado a las partes hasta el pasado lunes. La magistrada de lo Contencioso Administrativo Elsy Dueñas atribuyó el atraso de más de nueve meses a problemas con la secretaría de la sala que integra. “Como son miles de casos que hay, entonces esta gente no notifica en tiempo”, excusó Dueñas.

El actual ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, citó la resolución de lo contencioso ayer, en su comparecencia ante el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador, durante el segundo día de la audiencia inicial contra los 18 imputados de este caso.

El ministro Martínez pidió “justicia en relación con los verdaderos autores que no están aquí”, en alusión a las personas con orden de captura que se encuentran prófugas de la justicia, como el exministro de Obras Públicas Jorge Isidoro Nieto o el representante legal de COPRECA-Linares, Jesús Hernández Campollo.

“Por supuesto que deberían de haber más personas acá. Las irregularidades comienzan desde el proceso licitatorio, el desembolso del anticipo, en el tema de los diseños y continuó en la fase de ejecución. La acción corruptamente estelar es el supuesto laudo arbitral. Todo esto acontece durante dos administraciones” del MOP, afirmó Martínez, la de Nieto y la de su predecesor en esa cartera estatal, David Gutiérrez .

El defensor de Oliva, Luis Pérez, reaccionó ayer: “Este juicio está lleno de casualidades. Casualmente se inicia dos días antes de que se decida sobre el FOMILENIO y también ayer se notifica sobre el proceso interpuesto por Oliva (anta lo Contencioso), cuando yo pedí que la jueza se declarara incompetente por razón de la materia”.

El 24 de mayo de 2010, Martínez entregó a Romeo Barahona, fiscal general de la República en ese entonces, 23,283 documentos que describió como “pistas y pruebas de los hechos de aquel momento que se cometieron desde el período de Gutiérrez”.

En el escrito que el titular del MOP presentó a la jueza del Quinto de Paz, se lee su petición para investigar la aludida fuga de información. “En este caso hay personas, entre ellos uno de los tomadores de decisión, que no han sido capturadas y que aparentemente conocían con anterioridad de las órdenes de captura”, tal como lo expuso Nieto en una entrevista.

El magistrado del Tribunal Supremo Electoral Fernando Argüello Tellez confirmó que Nieto trabajaba como asesor del TSE, pero su cargo fue suspendido el mismo día en que se hizo pública la orden de captura por el caso del bulevar.

Aunque el requerimiento fiscal fijó la cantidad inicial a reclamar por concepto de responsabilidad civil en $10,731,046.83, fuentes fiscales afirmaron que esta cantidad ascendería a $29 millones si el proceso pasa a la siguiente fase.

Al cierre de esta nota, los abogados de los ocho reos presentes desarrollaban su exposición ante la jueza, según fuentes judiciales. La audiencia continuará este día, cuando sea el turno para los abogados de los reos ausentes.

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