Sala Constitucional advirtió escrutinio mayor a funcionarios

Fallo judicial establece que todos los funcionarios públicos están sometidos permanentemente al escrutinio público y a la crítica de todos los sectores, como mecanismo de control social.
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Funcionarios públicos.  Quienes administran fondos estatales y toman decisiones en el Estado están sujetos permanentemente a un mayor escrutinio público y crítica social.

Funcionarios públicos. Quienes administran fondos estatales y toman decisiones en el Estado están sujetos permanentemente a un mayor escrutinio público y crítica social.

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Sala Constitucional advirtió escrutinio mayor a funcionarios

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La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo el 23 de enero de 2015 en el que declaró “no ha lugar” a un amparo que solicitó un exfuncionario público contra LA PRENSA GRÁFICA por una supuesta violación a su derecho de respuesta.

En el fallo se establece que este periódico sí ofreció el espacio periodístico mediante entrevistas al exfuncionario y que sus versiones sí se incluyeron en las distintas publicaciones sobre los hechos.

El 28 de noviembre de 2014, LA PRENSA GRÁFICA publicó la relación de socios empresariales que tuvo el presidente de la Asamblea Legislativa, el diputado del FMLN Sigfrido Reyes, con su entonces asesor personal Byron Larrazábal Arévalo y cómo con su empresa TERREIN compró cinco lotes al IPSFA en Greenside Santa Elena a un precio abajo de la oferta ideal que promocionaba la autónoma.

Desde antes de la publicación, al presidente legislativo se le hizo saber que se llevaba a cabo una investigación periodística sobre su empresa y sus proyectos y se trató de entablar comunicación mediante su exgerente de comunicaciones para obtener su postura al respecto. Hasta la fecha, desde noviembre de 2014, el diputado no ha accedido a brindar una entrevista para hablar sobre sus empresas a pesar de que se le ha solicitado en varias ocasiones entre 2014 y 2015.

Incluso en diciembre de 2014 LA PRENSA GRÁFICA publicó una entrevista redactada solo con las preguntas que se le harían al presidente legislativo, pero ni de esa forma se obtuvo respuesta.

No obstante, en las publicaciones siguientes en las que se han continuado revelando los negocios personales de Reyes en relación con su entonces asesor, se han incluido los comentarios de este funcionario, incluso aquellos en que él asegura que este medio de comunicación lo difama.

La Sala de lo Constitucional, en su fallo de enero pasado, estableció que “si bien los funcionarios públicos son titulares del derecho al honor, la protección a estos respecto del referido derecho tiene un carácter más débil en comparación con la que se concede a los particulares. Ello obedece a que las referidas autoridades están sometidas de forma permanente al escrutinio público y a las críticas provenientes de los diferentes sectores de la población en torno de sus decisiones y a la manera en que ejercen sus funciones y administran los bienes del Estado. Estos aspectos, por ser de interés público, se insertan constantemente en el debate, el cual es un mecanismo de control de los ciudadanos frente al poder”.

Arístides Perla, apoderado legal de este periódico, ha asegurado que con ese fallo judicial se puede definir que “cuando se solicita tal derecho (de respuesta) no debe contener expresiones calumniosas, injuriosas o difamantes”.

“La sala dice que el ejercicio de tal derecho no se debe poner como un instrumento para polemizar”, ha indicado el abogado. Perla ha calificado la resolución de la Sala de lo Constitucional como una victoria de la libertad de información y de prensa de El Salvador.

Mientras tanto, ayer se trató de contactar con el diputado presidente del congreso para que respondiera sobre la empresa EKO LIME y una aparente relación con un decreto legislativo aprobado en mayo de 2014. Una vez más, este funcionario público se negó a dar respuesta mediante una entrevista a este periódico.

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