Sala Constitucional reafirma control de los funcionarios a través de medios

Los funcionarios deben tolerar la crítica en mayor medida que los particulares, resolvió la Sala de lo Constitucional, que recordó los parámetros que se deben cumplir para el ejercicio del derecho de respuesta. Además dijo que se debe garantizar el derecho de medios a informar.
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La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) recordó recientemente que los funcionarios públicos deben tolerar las denuncias y críticas realizadas en torno a su desempeño.

“Los funcionarios deben tolerar, en mayor medida que los particulares, informaciones –producto del ejercicio responsable del periodismo investigativo– que puedan implicar afectaciones a su honor, especialmente las relacionadas con irregularidades en las que se señala su posible participación”, resolvió la sala el pasado viernes, cuando desestimó una demanda que un exfuncionario público había presentado contra LA PRENSA GRÁFICA.

La sala reafirmó, además, que se debe garantizar que los medios de comunicación ejerzan libremente su función de informar sobre temas de interés público, es decir, sobre temas relacionados con el desempeño de los funcionarios públicos.

En ese fallo la sala realizó una exposición sobre los derechos de respuesta y al honor. Los magistrados recordaron cuáles son los parámetros que se deben cumplir para el ejercicio del derecho de respuesta: cómo solicitarlo en forma diligente y oportuna, y que el ejercicio de este derecho no se convierta en un instrumento para polemizar ni para poner en duda la imparcialidad de un medio, condiciones que ya están reguladas en la Ley Especial del Ejercicio del Derecho de Rectificación y Respuesta (LEEDRR).

Los funcionarios públicos, así como las personas particulares, pueden ejercer el derecho de respuesta; pero, según desarrolló la sala, “se trata de justificar la legalidad de los actos de los funcionarios públicos, no de defender su reputación”.

Otra de las anotaciones que hicieron los magistrados es que “el referido derecho no puede ejercerse frente a opiniones, ya que estas, en la medida en que no se basan en datos objetivos, no se prestan para la demostración de su exactitud”.

En la misma resolución, la sala retomó las definiciones que en ocasiones anteriores habían hecho acerca del derecho al honor: refirió que este consiste en “el derecho fundamental de toda persona a no ser humillada ante sí o ante los demás”.

La vulneración al honor se produce cuando una persona se expresa despectivamente de otra (insulto) o le atribuye una cualidad que afecta su estimación propia o aprecio público (ridiculización), explicó la sala.

“Si bien los funcionarios públicos son titulares del derecho al honor, la protección a estos respecto del referido derecho tiene un carácter más débil en comparación con la que se concede a los particulares”, fallaron.

La sala trajo a colación que el artículo 11 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión establece que los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio público. “Cuando dichos servidores deciden optar a un cargo público, aceptan someterse a la referida crítica. Esa decisión coloca al funcionario en una situación de mayor vulnerabilidad que los particulares a sufrir ataques a su honor”, reflexionaron los magistrados.

Arístides Perla, apoderado legal de LA PRENSA GRÁFICA, celebró el fallo de la sala. “Los funcionarios públicos están totalmente expuestos a los señalamientos de los diferentes sectores de la sociedad y desde el momento que aceptan el cargo debe de saber a lo que se enfrentan y no son válidas las reacciones intimidatorias, amenazantes o intolerantes hacia los medios de comunicación. Es más grave la reacción cuando algunos funcionarios se valen de sus cargos para intimidar a sus adversarios, críticos o cuando son enfrentados a la colectividad en una investigación periodística”, opinó el abogado.

Esa resolución de la sala fue firmada por cuatro magistrados: los propietarios Armando Pineda Navas (presidente), Florentín Meléndez, Belarmino Jaime y el suplente German Álvarez.

El caso Garciaguirre

Todo lo anterior se expone en la resolución a la demanda que presentó Rafael González Garciaguirre, quien ejerció el cargo de director interino de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP). LA PRENSA GRÁFICA publicó que en 2003 él giró órdenes para que el sistema de selección y registro académico de la academia inscribiera a 23 aspirantes a subinspector, a pesar de que habían reprobado entre uno y tres de los cinco exámenes de ingreso.

Garciaguirre consideró que las publicaciones fueron “falsas, tergiversadas e incompletas”, pero la sala desestimó los planteamientos del exfuncionario.

La Sala Constitucional concluyó que la solicitud de derecho de respuesta que Garciaguirre presentó al periódico no cumplía algunos de los requisitos, entre ellos, la pertinencia y la ausencia de polémica.

“El referido señor tuvo la oportunidad real de defender ante la población –especialmente ante el público al que se dirigía el referido periódico– la licitud de sus actuaciones y de presentarle una versión distinta que justificara su modo de proceder, y así el público se pudiera formar libremente una opinión en la que también se tuvieran en cuenta sus argumentos”, concluyó la sala.

Perla también suma en este punto: “Se les demostró que las investigaciones periodísticas estaban amparadas en las fuentes de información, contrastada con documentación proporcionada por las mismas instituciones involucradas y, lo más importante, se le dieron todas los espacios al señor González Garciaguirre de presentar su versión a la opinión pública, versiones que según la sala no fueron aprovechadas adecuadamente y de forma oportuna”.

La demanda presentada por Garciaguirre fue en 2010, es decir, cinco años después de la primera publicación.

La resolución de la sala también versa sobre libertad de información y expresión. Sobre ese punto los magistrados argumentaron: “Los medios de difusión juegan un rol fundamental, ya que son un instrumento que le permite a la sociedad acceder a información de relevancia pública al facilitarle la búsqueda, recepción y difusión de información. De forma correlativa, se espera que dichos medios desempeñen con responsabilidad, ética y apego a la verdad su función de informar, ya que la libertad de información también es un derecho limitado en la Constitución”.

“Es importante recordar que la labor de un periodista es trasladar al pueblo la verdad... La libertad de información es el contrapeso de los Estados que pretenden mantener a los pueblos desinformados y amordazados”, finalizó Perla.

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