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Sala Constitucional ordena regulación de concesiones radioeléctricas

Los magistrados declaron inconstitucionales las prórrogas automáticas de las concesiones para la explotación de frecuencias.
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Las subastas no pueden ser el único medio que tiene el Estado para otorgar la explotación de las frecuencias del espacio radioeléctrico. Tampoco pueden ser automáticas las prórrogas de dichas concesiones. Esos son los dos principales efectos de la sentencia emitida ayer por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que declaró inconstitucionales varios artículos de la Ley de Telecomunicaciones.

Los magistrados de la sala, de forma unánime, decidieron que existe una inconstitucionalidad por omisión en la Ley de Telecomunicaciones al no existir una regulación alterna a la subasta como método para obtener una concesión para radio o televisión. La Sala dictaminó que la actual regulación únicamente prioriza la capacidad económica de los interesados para lograr una concesión, sin tener en cuenta "los derechos fundamentales que entran en juego, como son el ejercicio del derecho fundamental de fundar medios masivos de comunicación y el derecho a estar informado".

Por esa razón, la Sala ordena a la Asamblea Legislativa dictar reformas antes del 31 de diciembre de este año.

"En consecuencia, la Asamblea Legislativa deberá emitir las reformas a la Ley de Telecomunicaciones que contengan los mecanismos alternos a la subasta pública, en los que se consideren otros criterios cuantitativos y cualitativos relevantes para adjudicar concesiones de los servicios mencionados", reza parte del fallo.

La segunda parte de la resolución versa sobre la prórroga automática de las concesiones. En este punto, los magistrados declararon inconstitucional la expresión "automáticamente" presente en los segundos incisos de los artículos 115 y 126 de la Ley de Telecomunicaciones. Esto, según la Sala, por violar el derecho a libre competencia estipulado en el artículo 110 de la Constitución (este artículo es que el prohíbe los monopolios en El Salvador).

Las prórrogas automáticas por periodos de 20 años, según los magistrados, "permite que los medios de comunicación se mantengan y concentren, por períodos prolongados, en los mismos concesionarios, lo cual impide el acceso al espectro radioeléctrico y el ejercicio de la libertad de empresa y libre competencia, pues se constituye en una barrera para la existencia de contenidos heterogéneos en las opciones de información para las personas".

La demanda contra el mecanismo de subasta fue interpuesta el 23 de agosto de 2012 por varias organizaciones, entre ellas la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS). El escrito fue contra los artículos 80, 81, 82, 83, 84, 85 y 100 de la Ley de Telecomunicaciones, que regulan los trámites de solicitudes y otorgamientos de concesiones para la explotación del espectro radioeléctrico.

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