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Sala adelanta salida de reo que escapó en un ropero

Estuvo involucrado en el asesinato de la empresaria Elizabeth de Cromeyer. La Sala de lo Constitucional ordenó a un juzgado de Vigilancia Penitenciaria que haga un  nuevo cómputo de pena que le favorece. 
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Roberto Antonio Hernández Rosales es un nombre que acaparó portadas de periódicos en la década de los noventa en El Salvador. Es el reo que burló dos veces la justicia. 

La primera vez se escapó de los tribunales de la capital haciéndose pasar por otro reo que obtuvo la libertad. Y la segunda, salió del penal de San Francisco Gotera, en Morazán, escondido en un ropero que compró un familiar que lo visitó.

Esta semana podría recuperar su libertad luego de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió favorable a un habeas corpus (recurso de exhibición personal) que presentó el reo y ordenó revisar el cómputo de su pena.

Hernández Rosales asesinó a la empresaria Elizabeth Palomo de Cromeyer el 18 de enero de 1995, cuando intentó secuestrarla en su residencia, frente a sus dos hijas. Después de asesinarla, él y tres hombres más se llevaron su vehículo y lo incendiaron en una calle que conduce a Rosario de Mora.

Fue capturado por ese crimen y se fugó del Centro Judicial Isidro Menéndez el 14 de marzo de 1995. Cuatro días después de su fuga, mató a la ciudadana Alemana Renate de Kalberg por robarle sus pertenencias. 

Fue capturado luego de este último caso y enviado a prisión al penal de Gotera, pero el 22 de mayo de 1997 volvió a escapar. Esa vez huyó del penal de Gotera antes de enfrentar juicio por los dos asesinatos y también por el homicidio de José Emilio Guzmán, un ex cabo del Ejército.

Finalmente fue recapturado y el Juzgado Cuarto de lo Penal lo condenó el 1.º de abril de 1998 a 60 años de  prisión por homicidio; sin embargo, con posteriores cambios en la legislación penal del país, la pena por los homicidios se le redujo a 30 años, más siete años con cuatro meses de pena por otros delitos.

Según cálculos del Juzgado Primero de Vigilancia Penitenciaria, que tiene a su cargo el expediente del reo, a Hernández Rosales le correspondía recuperar su libertad hasta en 2022. Pero el reo se quejó del cómputo de penas realizado por dicho tribunal ante la Sala de lo Constitucional. Esta última resolvió que el Juzgado Primero de Vigilancia Penitenciaria debe hacer un nuevo cómputo de la condena y, descontando el tiempo que pasó en detención provisional, aplicarle los beneficios penitenciarios sobre la totalidad de su pena.

Antes de resolver, la Sala de lo Constitucional nombró a un juez ejecutor, que se encargó de verificar el señalamiento del reo  y concluyó, en sintonía con el criterio del tribunal, que no existen violaciones constitucionales y que el reo debía cumplir la pena impuesta y “no pretender forzar o adelantar agravios constitucionales algún beneficio penitenciario”.

En la resolución, los magistrados de lo Constitucional señalaron que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, en dos resoluciones (una de 2014 y otra de 2016) hizo cálculos diferentes, por lo que concluyeron: “No se expone razón alguna por la cual el juzgado demandado efectúa los cálculos de manera diferente en las dos resoluciones citadas, debiendo prevenírsele para que ponga especial interés en tales aspectos, no solo en relación con el favorecido sino a todas aquellas personas condenadas que se encuentran a su disposición”.

El Juzgado de Vigilancia, según fuentes de ese tribunal, se encuentra elaborando el escrito para que se haga  efectiva la liberación de Hernández, quien está recluido en el penal de Mariona, lo cual podría concretarse en el transcurso de esta semana.

Esta no era la primera vez que Hernández Rosales acudía a la Sala de lo Constitucional. Lo viene haciendo desde que era prófugo. En 1997, por ejemplo, acudió a la sala alegando que no le habían permitido nombrar a un abogado defensor. En esa ocasión la sala desestimó la pretensión. En 2014, cuando se quejó de que el Juzgado Cuarto de Instrucción le había imposibilitado su opción de recurrir, la Sala de lo Constitucional le dio la razón y le resolvió favorable.

Peritaje previo

En abril pasado, la oficina de prensa de tribunales informó que el Juzgado Primero de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena había solicitado al Instituto de Medicina Legal que realizara un peritaje médico al imputado para determinar si era posible que recibiera tratamiento ambulatorio en el penal de Mariona o si era necesario que lo llevaran al Hospital Rosales para ser tratado. Hernández Rosales, según ese comunicado de la oficina de prensa de tribunales, fue sargento de la extinta Policía Nacional. 

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