Sala admite demanda de inconstitucionalidad a reformas a ley de extinción de dominio

La demanda fue interpuesta por el fiscal general Douglas Meléndez, quien asegura que dichas reformas se aprobaron “con base a una dispensa de trámite” que no fue justificada por el pleno legislativo.

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Las enmiendas a la Ley de Extinción de Dominio han sido vistas como un freno a la lucha contra la corrupción.

Las enmiendas a la Ley de Extinción de Dominio han sido vistas como un freno a la lucha contra la corrupción.

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Este viernes, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CJS) admitió una demanda por inconstitucionalidad hacia las reformas a la Ley de Especial de Extinción de Dominiio, las cuales fueron aprobadas el pasado mes de julio por la Asamblea Legislativa.

La demanda fue interpuesta por el fiscal general de la República, Douglas Meléndez, quien asegura que el dictamen de reforma fue aprobado “en contravención a los principios de contradicción, libre debate y publicidad, debido a que se hizo con base en una dispensa de trámite sin que la Asamblea Legislativa justificara los motivos que legitimaban la adopción de esa medida excepcional”.

Según el comunicado de la Sala, la demanda señala también que las reformas “suprimen la figura de los bienes de valor equivalente”, con lo que “eliminan una norma que busca evitar la impunidad y no prevén una medida alternativa para la consecución de ese fin”. Además, señala que “violan el artículo 11 de la Constitución porque establece una presunción de culpabilidad cuando los bienes provengan de organizaciones terroristas, tales como maras o pandillas y crimen organizado”.

De igual forma, la demanda presentada por el fiscal establece que “el proceso de extinción de dominio no puede partir de la idea de que las personas han actuado de mala fe”, alegando que dichas reformas establecen “un régimen de excepción y privilegios para los funcionarios que gozan de fuero, frente al resto de funcionarios y empleados públicos y ciudadanos que no tienen dicha prerrogativa”.

Ante esta demanda, “la Sala de lo Constitucional consideró que los argumentos antes reseñados, en los términos que han sido explicados y resumidos, cumplen con los requisitos para ser admitidos y habilitan al tribunal para enjuiciar su constitucionalidad”, por lo que determinaron que la Asamblea Legislativa debe rendir un “informe en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la notificación de la presente resolución”.

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