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Sala admite demanda de inconstitucionalidad contra reformas a la Ley del FOP

La resolución de la Sala de lo Constitucional estableció que la demanda procede para analizar si las reformas debieron ser aprobadas por mayoría calificada. Además, se analizará si reprensentan también un riesgo a la seguridad social de los pensionados.
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Sala admite demanda de inconstitucionalidad contra reformas a la Ley del FOP

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La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió este día un comunicado en el que admite la demanda por inconstitucionalidad contra las reformas a la Ley del Fideicomiso y Obligaciones Previsionales (FOP) aprobadas el pasado 29 de septiembre por la Asamblea Legislativa.  Dichas reformas le permite al Estado utilizar el dinero del fondo de pensiones para solventar la falta de liquidez y la deuda pública.

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El comunicado de la Sala expresa que la demanda fue admitiida bajo el argumento de que la aprobación de dichas reformas “vulnera la exigencia constitucional de mayoría calificada en la aprobación de emprésitos y el derecho a la seguridad jurídica en relación con el derecho a la seguridad social”. Las reformas fueron aprobadas con un total de 46 votos, no logrando alcanzar la mayoría calificada que exige la Constitución de la República, la cual es el equivalente a dos tercios del pleno legislativo, es decir, 56 votos.

La razón por la cual la Sala admite la demanda contra estas reformas es para analizar si las reformas “constituyen una vía de financiamiento para deuda pública que, por tanto, tuvo que haber sido aprobado por no menos de dos tercios de los votos de los diputados electos”, haciendo referencia a lo establecido en el artículo 148 de la Constitución de la República.

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También, la Sala exige un análisis sobre el riesgo social que pudiera comprender la utilización de los fondos de pensiones para la sociedad, argumentando que puede significar un riesgo en la vejez de los cotizantes del Fondo de Pensiones en el país.

Ante esto, la resolución de la Sala de lo Constitucional implica una medida cautelar que suspenda los efectos en las reformas al FOP, impidiendo la emisión de Certificados de Inversión Provisional (CIP) para solventar la deuda existente en las cuentas del Estado. Dicha resolución fue aprobada por unanimidad por parte de los jueces de la Sala.

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