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Sala admite una demanda en contra de la elección del procurador de Derechos Humanos

El demandante sostiene que la Asamblea  no justificó la incorporación de cinco diputados suplentes en la plenaria donde eligieron a José Apolonio Tobar en el cargo.

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Argumento. Asamblea sustituyó a diputados propietarios luego de un receso, dijo el demandante.

Argumento. Asamblea sustituyó a diputados propietarios luego de un receso, dijo el demandante.

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Los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) deben determinar, a través de un examen de constitucionalidad, si la Asamblea Legislativa cometió un “fraude a la Constitución” al llamar a diputados suplentes para elegir al actual procurador de Derechos Humanos, José Apolonio Tobar, el 16 de octubre de 2019. 

El análisis lo  realizarán tras admitir una demanda de inconstitucionalidad presentada por el abogado Herbert Danilo Vega, según consta en la resolución de admisión con fecha de 5 de febrero pasado.

Vega dijo que presentó la demanda  porque la Constitución (en su artículo 131, numeral 4) establece que los diputados suplentes serán llamados “en caso de muerte, renuncia, nulidad de elección, permiso temporal o imposibilidad de concurrir de los propietarios”.

Sin embargo, de acuerdo con el abogado, los diputados propietarios del partido ARENA que fueron sustituidos estaban presentes en la Asamblea al inicio de la plenaria. A pesar de eso, fueron sus suplentes quienes votaron por la elección de Tobar.

“Hicieron un receso y cuando regresaron llamaron a cinco diputados suplentes del partido ARENA para sustituir a los  propietarios del mismo partido, y así consiguieron los 56 votos”, detalló Vega.

Los diputados tricolor sustituidos luego del receso fueron Donato Eugenio Vaquerano, Margarita Escobar, Edgar Escolán Batarse, Manuel Flores Cornejo y Jorge Josué Godoy, se lee en la resolución de la Sala.

Los magistrados, también, dieron  10 días a la Asamblea para justificar la elección de Tobar. Además notificaron a  la Fiscalía General de la República para que se pronuncie sobre la demanda admitida. El procurador Tobar tiene cinco días para presentar ante los magistrados su posición del caso.

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