Sala ampara ciudadano por devolución tardía de renta

Hacienda tardó 22 meses en solventar trámite de la devolución.
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La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) amparó ayer a un ciudadano a quien la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda no respondió a tiempo la solicitud de devolución del exceso de renta cobrado en 2010.

La sala amparó al ciudadano Mario Antonio Rodríguez, quien denunció a la Dirección de Impuestos Internos por incumplir con el plazo que da la ley para contestar las peticiones de devolución de renta. Los magistrados concluyeron que el Ministerio de Hacienda, a través de su dirección de impuestos, vulneró los derechos a la petición y propiedad del demandante.

El ciudadano señaló en la demanda que el artículo 215 del Código Tributario establece que en un plazo de 60 días se debe entregar la devolución solicitada. Sin embargo, según la demanda, en este caso el Ministerio de Hacienda tardó un año con 10 meses y 12 días para dar una respuesta acerca de la petición.

De hecho, según un informe que Hacienda envió a la sala, el demandante recibió su devolución en enero de 2013. Ese año el Gobierno proyectó devolver un total de $18.6 millones a 142,352 contribuyentes.

“El plazo que tardó la autoridad demandada en resolver la solicitud es irrazonable, ya que el director general de Impuestos Internos injustificadamente dejó transcurrir el tiempo sin responder directamente al requerimiento que le fue formulado y sin garantizar que la autoridad legalmente competente para ello emitiera oportunamente una resolución”, señaló la sala en un comunicado.

Indemnización

Los magistrados habilitaron al ciudadano afectado para que promueva un contra del funcionario responsable para la reparación de los daños materiales o morales que sufrió con la vulneración de sus derechos constitucionales.

Los magistrados recomendaron que se exija el resarcimiento de daños a la persona que fungía como director de impuestos internos cuando se demoró la devolución de la renta, independientemente si este ya no se encuentra en el ejercicio del cargo.

“Deberá establecerse en dicho proceso, con base en las pruebas aportadas, el monto estimado de la liquidación que corresponda, dependiendo de la vulneración acontecida y del grado de responsabilidad en que se incurrió en el caso particular”, recomendó la sala en la resolución.

La resolución favorable al ciudadano fue firmada por los cinco magistrados propietarios de la Sala de lo Constitucional: Armando Pineda Navas, Florentín Meléndez, Rodolfo González, Belarmino Jaime y Sídney Blanco.

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