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Sala analiza legalidad de decreto que regula reapertura

Magistrado confirma tres peticiones de declarar ilegal decreto ejecutivo 31 porque insiste en restringir derechos constitucionales.

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Control. No todas las personas cumplen con rigor el uso de las mascarillas.

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La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tiene en estudio la legalidad del decreto ejecutivo 31, instrumento normativo con el cual el Ejecutivo avaló la reactivación de la economía de forma escalonada a partir de ayer.

El magistrado Aldo Cáder le confirmó a LA PRENSA GRÁFICA que hasta ayer por la tarde habían sido presentado tres escritos en los que le solicitaban a la Sala que se pronunciara sobre la legalidad de ese decreto, tomando como antecedente la sentencia de inconstitucionalidad 21- 2020 notificada hace una semana.

En esa sentencia, la Sala declaró inconstitucional varios decretos ejecutivos y legislativos relacionados con la restricción de derechos en el marco de la pandemia del nuevo coronavirus, causante de la covid-19. En resumen, los magistrados constitucionalistas consideraron que esas normativas no cumplieron con el procedimiento de formación de ley , violaron el procedimiento de declaratoria del régimen de excepción y, por sobretodo, suspendieron derechos fundamentales dictados por la Constitución.

"Hay tres escritos pidiendo que se conozca contra el decreto ejecutivo 31, en seguimiento a la sentencia del lunes de la semana pasada. Esos escritos ya están en análisis", confirmó el magistrado Cáder.

En esa sentencia de hace una semana, la Sala le prohibió al Ejecutivo seguir emitiendo normativas sin el amparo legal.

Además la Sala advirtió que las autoridades no podían replicar en nuevos instrumentos los aspectos señalados como inconstitucionales en esa sentencia; y, en caso de que eso ocurriera, dijo que esos instrumentos no producirán efecto jurídico constitucional alguno.

También les ordenó al Ejecutivo y a la Asamblea alcanzar acuerdos para legislar la pandemia con apego a derecho, para lo cual les dio un plazo de cuatro días, que finalizó el domingo a las cero horas.

Durante ese lapso, la discusión entre ambos poderes transcurrió en un desacuerdo sobre el lugar donde deberían sostener el encuentro. Por lo que el Ejecutivo decidió el fin de semana pasado emitir un nuevo decreto basado, según el presidente de la República, Nayib Bukele, en los códigos de Salud y Trabajo.

Desde el sábado pasado por la noche, cuando Bukele anunció el nuevo decreto ejecutivo en una cadena nacional de radio y televisión, diversos sectores y juristas han dicho que esa normativa mantiene las restricciones a la libre circulación; por lo tanto, viola los derechos constitucionales, al igual que los anteriores decretos que fueron invalidados por la Sala.

Un conglomerado de organizaciones emitió un comunicado el fin de semana pasado donde plantea que el Ejecutivo incumplió la sentencia de inconstitucionalidad con el decreto 31.

"El presidente de la República ha expresado categóricamente que no mantendrá ningún dialogo con el Órgano Legislativo para ese propósito y, en su lugar, mediante el Ministro de Salud intentó suplir la obligación de crear una norma ante esta epidemia emitiendo el decreto ejecutivo 31. Este decreto prohíbe realizar ciertas actividades económicas en determinados períodos, y ordena que permanezcan en su lugar de residencia las personas que no ejerzan las actividades que expresamente se autorizan ahí", sostienen.

Explicaron que esas medidas, aunque son necesarias para la salud, según lo ordenado por la Sala deben ser decretadas por la Asamblea Legislativa, pues se traducen en una restricción a los derechos constitucionales a la libre circulación y a la libertad económica.

El análisis del decreto, con el cual ha iniciado la desescalada de tres meses de confinamiento en una cuarentena domiciliar obligatoria, ocurre en medio de un nuevo enfrentamiento entre el Ejecutivo y la Sala de lo Constitucional.

En esa misma cadena de radio y televisión, donde Bukele anunció el nuevo instrumento legal, el mandatario acusó a los magistrados constitucionalistas y al fiscal general de haber adelantado criterio sobre la ley de emergencia en una reunión que sostuvieron con él en su despacho. Además, dijo que la Sala declaró inconstitucional una ley que "fue avalada por ellos mismos". Sin embargo, la Sala y el fiscal negaron que en ese encuentro hayan conocido algún proyecto de ley sobre la declaratoria de emergencia.

Ahora, la Sala de lo Constitucional debe decidir, en una sentencia de seguimiento, si el nuevo decreto viola la Constitución de la República o no.

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