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Sala anula emergencia dictada por Presidencia

Magistrados decidieron analizar dos demandas, una de ellas de Fiscalía, contra emergencia avalada por Bukele. Pidieron a Asamblea y GOES aprobar nueva ley.

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Pleno. La suspensión de la emergencia aprobada por Bukele tuvo el apoyo de los cinco magistrados que integran la Sala de lo Constitucional.

Pleno. La suspensión de la emergencia aprobada por Bukele tuvo el apoyo de los cinco magistrados que integran la Sala de lo Constitucional.

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El Gobierno salvadoreño no puede ampararse desde ayer en el decreto ejecutivo 18 que aprobó para intentar mantener con vida la ley de emergencia nacional por la pandemia de covid-19. Así lo determinó la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras admitir a análisis una demanda de inconstitucionalidad contra la normativa que regulaba esa intención presidencial.

Los magistrados constitucionalistas aceptaron estudiar la demanda interpuesta por el ciudadano Jonatan Mitchel Sisco Martínez contra el decreto ejecutivo 18, vigente desde el domingo 17 de mayo. En la resolución de admisión, anularon la validez de la normativa presidencial mientras analizan si cumple con la Constitución de la República.

El abogado Sisco señaló en la demanda que el decreto es ilegal porque incumple siete artículos de la Constitución. Los magistrados decidieron que solo van a analizar si la norma riñe con los artículos 131 y 142 de la Constitución, que facultan a la Asamblea Legislativa aprobar, reformar y derogar leyes como la de emergencia nacional, dada al Gobierno para enfrentar la pandemia del nuevo coronavirus.

 
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Según el abogado demandante, la Presidencia de Nayib Bukele interfirió en las atribuciones de la Asamblea porque emitió una regulación que ampliaba la vigencia y reformaba partes de la Ley de Emergencia, amparada en el decreto legislativo 593, que quedó sin efecto el sábado.

La Sala advirtió que, de ser cierto lo dicho por Sisco, la actitud de Bukele pondría en riesgo al país: "La tendencia producida por el hecho de que una misma autoridad se arrogue o acumule competencias atribuidas a órganos diferentes genera (o puede generar) un estado de cosas indeseable que puede deformar el presidencialismo característico del Estado salvadoreño en un hiperpresidencialismo".

Los magistrados agregaron que la resolución no significa que el Gobierno ya no tiene herramientas legales para enfrentar la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2. Pusieron como ejemplo artículos del Código de Salud que dan facultades al Ejecutivo para afrontar crisis sanitarias como la actual.

El decreto demandado fue anunciado por la Presidencia el sábado a la medianoche, minutos antes de que venciera la ley de emergencia nacional. Conan Castro, secretario jurídico del Gobierno, dijo esa noche que, gracias el decreto presidencial, la ley de emergencia se mantendría con vigencia por 30 días más.

Según el equipo jurídico gubernamental, el artículo 24 de la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres da la atribución al presidente de la república, Nayib Bukele, para declarar emergencia nacional. La justificación fue que el congreso no estaba reunido esa medianoche cuando la normativa vencía.

Tras admitir la demanda, la Sala dio 10 días hábiles al presidente Bukele para que responda a los señalamientos de Sisco Martínez. Mismo periodo habilitó al fiscal general, Raúl Melara, para que dé su análisis sobre la demanda, aunque la Fiscalía General de la República (FGR) también presentó un recurso de inconstitucionalidad contra ese decreto.

La decisión de la Sala no agradó al presidente Bukele, quien en su cuenta de Twitter dejó entrever que los magistrados rompieron el orden constitucional al interferir en su potestad legal de declarar emergencia nacional. Y calificó el fallo como "un acto sin precedentes (...) en la emergencia más grande que el mundo ha tenido en 100 años".

El tribunal constitucionalista aprovechó la resolución para solicitar a la Asamblea Legislativa y la Presidencia que alcancen un acuerdo que permita crear una nueva ley de emergencia nacional "en el menor plazo posible (...) con el objeto de garantizar los derechos de la población salvadoreña a la salud y a la vida".

Un llamado al que se sumó el fiscal Melara: "Es obligación del Órgano Ejecutivo y de la Asamblea Legislativa sentarse a dialogar para dar a la población una solución concreta ante la realidad que estamos enfrentando".

Tras suspender el decreto, la Sala confirmó que también admitió a estudio la demanda de inconstitucionalidad presentada por el fiscal general contra la emergencia dictada por Bukele.

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