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Sala confirma desalojo de comunidad El Espino

Juez demostró que visitó la comunidad y notificó sobre el proceso judicial a las familias que tendrán seis meses para desalojar.
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Suspenso.  El 9 de junio de 2015 el juez de Paz de Antiguo Cuscatlán ordenó el desalojo, pero fue suspendido por decisión de la sala.

Suspenso. El 9 de junio de 2015 el juez de Paz de Antiguo Cuscatlán ordenó el desalojo, pero fue suspendido por decisión de la sala.

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La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) confirmó que los habitantes de la comunidad El Espino, ubicada en Antiguo Cuscatlán, La Libertad, deben ser desalojados dentro de un plazo máximo de seis meses. Durante ese tiempo, según el fallo, el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano deberá evaluar la posibilidad de reubicar a las familias en otro lugar; además, deberá de incluirlas en algún programa de acceso a una vivienda social.

Los magistrados de la Sala de lo Constitucional advirtieron al juez de Paz de Antiguo Cuscatlán, quien inicialmente ordenó el desalojo, que deberá efectuar el desalojo de las familias hasta que se cumpla el plazo concedido. Los habitantes presentaron un amparo en contra de la decisión del Juez de Paz de Antiguo Cuscatlán, quien en 2015 los declaró como invasores y ordenó el desalojo de 68 personas y sus familias, porque habitaban en propiedad privada.

El 9 de junio de 2015 llegaron agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) para hacer efectiva la resolución del juez. Sin embargo, las familias decidieron permanecer en el lugar y aseguraron que no fueron notificadas por el juzgado. Ese mismo día, la Sala de lo Constitucional informó en su cuenta de Twitter que el desalojo no debía continuar porque iba a estudiar el amparo que fue presentado por los afectados.

Las familias demandantes le comunicaron a los magistrados, a través del recurso, que el juez debió actuar de otra manera para hacer efectivo del desalojo.

“Es que en su opinión la autoridad judicial demandada tenía la obligación de individualizar a cada una de las personas que residen en el inmueble, emplazarlas y notificarles las actuaciones realizadas en el proceso para que tuvieran la oportunidad de ejercer los citados derechos”, se lee en la resolución.

Pruebas

El juez, sin embargo, presentó documentos ante los magistrados para demostrar que visitó a cada uno de los residentes, además de que sí tuvieron conocimiento sobre la existencia del proceso y que fueron convocados a la diligencia. Por ejemplo, presentó dos actas que señalan que visitó más de 55 viviendas del lugar, antes de que las familias fueran notificadas de la audiencia inicial.

“En las actas que presentó el juez de Paz de Antiguo Cuscatlán se ha comprobado que se presentó al inmueble en cuestión acompañado por su secretaria y por la delegada de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos”, señala la resolución, que también establece que hay audios de entrevistas de las personas.

Los residentes de la comunidad El Espino que demandaron al juez insistieron que no se les notificó sobre el desalojo; sin embargo, las actas demostraron lo contrario. “En efecto de las referidas actas de inspección y de notificación se colige que la autoridad judicial demandada realizó acciones concretas para identificar a las personas que residen en el inmueble e informarles sobre el desalojo”, señalaron los magistrados.

Este proceso judicial inició en 2014, cuando los propietarios de 2 manzanas del caserío El Espino, cantón El Espino, presentaron una demanda en contra de las 69 familias que habitan el lugar por invadir propiedad privada.

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