Lo más visto

Más de El Salvador

Sala confirma potestad de CSJ de enjuiciar por enriquecimiento ilícito

La Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la Ley de Probidad, aprobada en 2015, que le quitaba facultad al pleno de la Corte para ordenar juicios por enriquecimiento ilícito.
Enlace copiado
Sala confirma potestad de CSJ de enjuiciar por enriquecimiento ilícito

Sala confirma potestad de CSJ de enjuiciar por enriquecimiento ilícito

Enlace copiado

La Sala de lo Constitucional dejó en firme la potestad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de seguir ordenando juicios por enriquecimiento ilícito de funcionarios. Lo hizo después de “expulsar del ordenamiento jurídico salvadoreño” y declarar inconstitucional la Ley de Probidad, aprobada en 2015.

Los magistrados le dieron la razón al abogado Hérbert Danilo Vega Cruz, al considerar que la Asamblea cometió vicios en el proceso de formación de la Ley de Probidad, porque los diputados “no están autorizados a ejercer iniciativa de ley cuando se trate de materia concerniente al Órgano Judicial”.

“Debido a que la Sección de Probidad constituye la unidad organizacional dentro de la CSJ encargada de facilitar que el pleno de esta última cumpla de forma efectiva con el mandato constitucional impuesto por el artículo 240 de la Constitución, se concluye que toda legislación que tenga por objeto reglamentar la organización, funcionamiento y atribuciones de la Sección de Probidad constituye un tema de exclusiva competencia de la CSJ, y solo ella tiene iniciativa de ley al respecto”, se lee en la sentencia.

“Nos alarma la pasividad en la que entró la Sección de Probidad el año pasado. Cayó en un trance injustificado, en una parálisis que no tiene ningún tipo de justificación”.
Humberto Sáenz, presidente del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ)

En diciembre de 2015, las fracciones FMLN, GANA y PCN aprobaron la Ley de Probidad, con la que le quitaron la potestad a la CSJ en pleno de conocer sobre enriquecimiento ilícito de los funcionarios. La nueva ley le transfirió esa facultad a la Sala de lo Civil.

La Sala de lo Constitucional avaló que se continúe aplicando la Ley sobre Enriquecimiento Ilícito de Empleados y Funcionarios Públicos, vigente desde 1959, porque en la Ley de Probidad “no fueron regulados los elementos mínimos que vuelvan aplicable el juicio por enriquecimiento ilícito”.

Pese a que la Sala solo se pronunció por la demanda presentada por Vega Cruz referente a la forma en que fue aprobada la Ley de Probidad, esta normativa también tenía argumentos de forma en contra presentados por el Grupo Gestor. Los constitucionalistas argumentaron que no fue necesario entrar a conocer esos planteamientos.

La resolución fue firmada por los cinco magistrados de la sala: José Armando Pineda, Florentín Meléndez, Belarmino Jaime, Sidney Blanco y Rodolfo González; sin embargo, el presidente Pineda razonó su voto al justificar que la CSJ sí le otorgó iniciativa de ley a los diputados en el “contexto de cooperación interorgánica” y basado en “precedentes jurisprudenciales vigentes”.

La Sala dejó claro, además, que cualquier reserva que impida el escrutinio de los procedimientos que realizan las instituciones encargadas de combatir la corrupción, como la Corte Suprema de Justicia, es “contrario al derecho de acceso a la información” porque viola el artículo 240 de la Constitución.

Humberto Sáenz, presidente del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), organismo que forma parte del Grupo Gestor, dijo estar complacido con la resolución de la Sala aunque solo fue por “motivos de forma y no de fondo, pero en términos prácticos lo vemos bien porque esa normativa era un claro retroceso”.

“Hay una ley que data de más de 50 años, pero esa normativa era todavía retroceder más. Ahora hay un escenario favorable para presentar al Órgano Judicial una propuesta de ley más completa y acorde”, dijo el abogado al ser consultado por LA PRENSA GRÁFICA.

Javier Argueta, director legal de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), celebró la decisión de la Sala al decir: “Nosotros tuvimos la oportunidad de escribir la demanda, y este logro no es únicamente para los que la presentamos, sino que para toda la sociedad civil; el combate a la corrupción debe de ser un tema de todas las personas, que todos los ciudadanos debemos de denunciar cada día; básicamente la Sala hace eso: implementa el combate a la corrupción”.

Explicó que “una ley de probidad, sin la opinión de la CSJ, es inconstitucional, y el que la Sala de lo Civil resuelva tampoco se apega a la Constitución”. En esa línea, agregó que están preparando un anteproyecto de ley de probidad y que espera que sea tomada en cuenta en la Asamblea, así como las propuestas del grupo promotor.

Sin iniciativa
La Sala de lo Constitucional consideró que los diputados no tienen iniciativa de ley cuando se trata de materia relacionada con el Órgano Judicial. Ese fue el argumento principal de la declaratoria de inconstitucional de la Ley de Probidad, debido a que fue aprobada a iniciativa propia de la Asamblea Legislativa en diciembre de 2015.

Lee también

Comentarios