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Sala da prórroga para que Asamblea apruebe ley de reconciliación tras derogación de ley de amnistía

Ciudadanos pidieron prórroga señalando que, de lo contrario, la Asamblea tendría una excusa para aprobar una ley en desprecio del clamor de las víctimas. Señalaron que las consultas fueron “inadecuadas” y reunieron a víctimas con victimarios.  Pidieron a la Sala que exigiera informe de criterios y una metodología pero esta se declaró “inhabilitada” para tales acciones.

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Foto de LA PRENSA/Archivo

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La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) otorgó una prórroga para que la Asamblea Legislativa apruebe una ley de reconciliación nacional y de asistencia, en cumplimiento a la sentencia del 13 de julio de 2016 en la que se declaró inconstitucional la ley de amnistía.

El nuevo plazo vence en febrero de 2020 y sería la segunda vez que se otorga un tiempo extra a la Asamblea para que cumpla con la sentencia de la Sala.

La anterior prórroga fue otorgada por la Sala el pasado 12 de julio para vencerse el 13 de noviembre pasado.

La prórroga, aprobada por unanimidad por los cinco magistrados de la Sala con fecha del 29 de noviembre pasado, se deriva de las peticiones de dos ciudadanos Pedro Benjamín Cuellar Martínez y Pedro Antonio Martínez González, y de la Asamblea Legislativa de ampliar el plazo para la ley de reconciliación.

Cuellar y Martínez expusieron que la Asamblea no tiene los insumos ni condiciones para aprobar la referida ley y hacerlo en un breve plazo “implicaría hacer valer intereses partidistas en beneficio de los victimarios” y daría una “excusa” para emitir una ley con “abierto desprecio del clamor de las víctimas”.

En la misma, los ciudadanos señalaron que el “supuesto proceso de consulta” realizado por la Asamblea fue “inadecuado” pues “las víctimas y organizaciones fueron citadas con uno o dos días de antelación y, además, se reunió a las víctimas con victimarios en un mismo lugar”.

Además de la prórroga, los ciudadanos solicitaron a la Sala que exigiera a la Asamblea un informe de los criterios que utilizó para realizar las consultas y que se le ordenara ejecutar una metodología de participación efectiva e incluyente de las víctimas durante el proceso de diseño, discusión y elaboración de la referida ley.

La solicitud de Cuellar y Martínez coincide con otra presentada por la ciudadana Ima Rocío Guirola sobre que la Sala debía señalar una fecha para realizar una nueva audiencia de seguimiento del cumplimiento de la sentencia.

Sin embargo, la Sala declaró “improcedente” todas estas peticiones y solamente avaló la prórroga.

La Sala expuso que, debido a que se ha dado un nuevo plazo, será hasta que este transcurra cuando se señalará día y hora para practicar la audiencia de seguimiento en la que deberá participar la Asamblea, el presidente de la República, el ministro de Hacienda y el fiscal general de la República para exponer y acreditar las decisiones y acciones de cumplimiento de la sentencia.

Además, la Sala argumentó que se encuentra “inhabilitada para ordenar a la Asamblea cuál es la metodología o mecanismo específico que de utilizar para tramitar la participación”.

También argumentó que la Sala no se encuentra habilitada para solicitar un informe sobre los criterios utilizados por la Asamblea para realizar las consultas y forma de convocatoria. “Este es un aspecto de procedimiento que será analizado hasta después de que se emita la legislación correspondiente”, se lee en la resolución.

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