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Sala de lo Civil reduce condena a exdirector del ISSS

Sala de lo Civil señaló que la FGR erró al presentar una demanda con un monto indefinido, por lo que decidió que Flores debe resarcir un monto menor al que había determinado la Cámara Segunda de lo Civil.
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LA PRENSA/Archivo Testigo.  El expresidente Funes ha señalado que Flores ha firmado un criterio de oportunidad con la Fiscalía.

LA PRENSA/Archivo Testigo. El expresidente Funes ha señalado que Flores ha firmado un criterio de oportunidad con la Fiscalía.

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Magistrados suplentes conformaron una Sala de lo Civil especial para disminuir la condena interpuesta por la Cámara Segunda de lo Civil al exdirector del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) Leonel Flores Sosa y a su esposa, Karina Hernández de Flores.

A finales de 2016, la Cámara Segunda de lo Civil condenó a la pareja a devolver al Estado $812,740.62, producto de compras de vehículos, gastos y transferencias bancarias que no pudieron justificar; sin embargo, la Sala de lo Civil redujo el monto a devolver y lo fijó en $608,737.28, que fue el monto inicial señalado por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La pareja condenada pidió la nulidad del proceso judicial a la sala. Luego de analizar los argumentos planteados, los magistrados suplentes determinaron que la Fiscalía General de la República (FGR) erró al presentar una demanda por un monto “indefinido”, cuando existía una referencia dada por la Sección de Probidad que podía subir o disminuir de acuerdo con las pruebas.

Según la resolución, el problema no es que el monto de la demanda pudiese variar luego del análisis de las pruebas, sino que al no fijarse una base inicial esto afectó el derecho de defensa.

“Debió definirse en la demanda, al menos, un monto parcial; lo cual es necesario, para garantizar adecuadamente el derecho de defensa de los justiciables, en tal sentido y según queda dicho, no se trata de una cuantía indeterminada, como erróneamente se expresó en la demanda”, se lee en la resolución de la sala, firmada el pasado 20 de octubre.

En la sentencia aclaran que dicho error de la Fiscalía no implica una causal para anular todo el proceso. Un miembro del equipo de prensa de la Fiscalía aseguró que los fiscales a cargo del caso se encontraban en diligencias judiciales, por lo que no podían dar una postura oficial al respecto.

La magistrada de la Cámara Segunda de lo Civil Margarita Romagoza dijo a LA PRENSA GRÁFICA que con la resolución de la sala, la sentencia de la cámara queda modificada, por lo que no es necesario repetir ninguna de las diligencias judiciales.

La sala también modificó la “motivación jurídica” de la sentencia, debido a que las magistradas entendieron que la conducta antijurídica es la no justificación de bienes del exfuncionario y que este acto permite sancionar el enriquecimiento a costa del erario público. Los magistrados suplentes acotaron que el caso de enriquecimiento ilícito especial se da “únicamente cuando el funcionario lo hace (enriquecerse) a costa de la Hacienda Pública o Municipal”.

“Debió definirse en la demanda, al menos, un monto parcial; lo cual es necesario, para garantizar adecuadamente el derecho de defensa... No se trata de una cuantía indeterminada”. 
 sentencia Sala de lo Civil

La resolución de la sala fue citada por los abogados del ex secretario privado de la Presidencia Élmer Charlaix, en ocasión de la audiencia probatoria del juicio especial por enriquecimiento ilícito celebrado la semana pasada. Los abogados buscaban demostrar que un juicio por enriquecimiento solo procede cuando se probó que el funcionario se enriqueció “a costa” del Estado.

En el momento en que dicha resolución fue citada, la fiscal, Ana Cecilia Galindo, señaló que han impugnado ante la sala.

Los magistrados que conformaron la Sala de lo Civil también determinaron que las medidas cautelares con las que se congelaron bienes y cuentas bancarias de los demandados no proceden debido al error de presentar la demanda con un monto no determinado inicialmente.

En la resolución se declaró no ha lugar la decisión de la Cámara Segunda de lo Penal de poner a la orden del juzgado de Extinción de Dominio los bienes de Flores y su esposa para iniciar el proceso judicial. La magistrada Romagoza afirmó que los bienes de la pareja condenada están bajo custodia de la Cámara Segunda de lo Penal, y que están a la espera de la solicitud de Fiscalía para hacer efectivo el embargo de los bienes que sumen en valor la condena fijada.

Los magistrados suplentes de la Sala de lo Civil también impidieron que la cámara notificara al Tribunal de Ética Gubernamental para que realice una investigación sobre las acciones de Flores Sosa y otros exfuncionarios del ISSS.

Además, los magistrados de la sala también anularon la decisión de la Cámara de lo Civil de notificar a la Corte para que impusiera una multa por falta de información declarada a Flores Sosa; así como al Ministerio de Hacienda para que investigue si declaró los impuestos de manera completa.

$812,740
 es lo que la cámara de lo civil había ordenado que Flores Sosa  y su esposa resarcieran a las cuentas del estado.

$608,737
es lo que la sala de lo civil fijó como monto que flores sosa y su esposa deben devolver al estado, esto fue lo señalado por probidad inicialmente. 
 

Claves

sala aclaró lo que se debe entender por un caso civil por enriquecimiento ilícito.

Separado del caso penal
La Sala de lo Civil determinó que el juicio civil especial por enriquecimiento ilícito solo tiene procedencia cuando el funcionario lo hace “acrecentando su patrimonio a costa de la Hacienda Pública o Municipal”; es decir, cuando tiene la “administración” de esos bienes. Esto se aleja de un juicio penal por enriquecimiento ilícito, el cual se puede corresponder a un abuso de la función pública “aunque no se administren bienes” que son propiedad de las instituciones públicas.

 Afectación diversa
Los magistrados suplentes aclararon que la forma en que se afecta la Hacienda Pública o Municipal en un caso por enriquecimiento ilícito es diversa, y no solo debe entenderse como apropiación o distracción de los bienes administrados, sino que pueden darse otros casos. Sin embargo, lo que sí es necesario para que se dé un juicio de este tipo es que “el funcionario tenga la administración” de bienes públicos.

Paso al caso penal
La Sala de lo Civil determinó en la resolución del caso de Leonel Flores que si un funcionario, que tuvo a su cargo bienes propiedad del Estado y se enriqueció de manera injustificada durante su función, incurre en acciones delictivas, para aumentar de manera injustificada su patrimonio o el de su familia, entonces el caso podría ser llevado al área penal para determinar si el demandado concurre en ciertas conductas específicas que son constitutivas de delito.

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